Estimados:
La información correcta es la siguiente: Se aprobó en la Comision de Constitución de la Cámara de Diputados la idea de legislar, se rechazaron las indicaciones del Senador Larrain (arts. 19 y 23), el Senado había eliminado el artículo 5 transitorio y en esta ocación se mantuvo la eliminación. Y se presentó y aprobó por mayoría una indicación solicitando la postergación de la entrada en vigencia de la ley por un año más.
La información correcta es la siguiente: Se aprobó en la Comision de Constitución de la Cámara de Diputados la idea de legislar, se rechazaron las indicaciones del Senador Larrain (arts. 19 y 23), el Senado había eliminado el artículo 5 transitorio y en esta ocación se mantuvo la eliminación. Y se presentó y aprobó por mayoría una indicación solicitando la postergación de la entrada en vigencia de la ley por un año más.
Y adjunta el siguiente documento:
"Comisión de Expertos rechaza propuesta parlamentaria de endurecimiento de la ley penal juvenil
En sus dos informes la Comisión de Expertos en Responsabilidad Penal Adolescente planteó que la ley N° 20.084 tiene deficiencias y obstáculos normativos que dificultan seriamente una buena puesta en marcha del sistema, proponiendo reformas urgentes antes de junio próximo.
Este nudo crítico se expuso sin tomar posiciones político criminales sobre qué tipo de sistema penal para infractores menores de edad Chile debe tener. Sólo se concentró la crítica en aspectos de la ley que generan graves vacíos o dudas comprometiendo una exitosa implementación.
Dejar como única sanción posible para el tramo de crímenes la internación en régimen cerrado no es una propuesta de la Comisión de Expertos. No está en la lógica de los informes y significa reabrir un debate que se estimaba cerrado –tanto por el Ejecutivo como por el Congreso Nacional- mientras no se implementará la nueva ley.
Pero además de inoportuna, esta propuesta conlleva graves problemas dogmáticos y de implementación. Respecto de los primeros, sacar la posibilidad de derivar a los jóvenes al sistema semicerrado en los casos de delitos graves significa reducir la discrecionalidad del tribunal al momento de sentenciar, además de disminuir las posibilidades efectivas de reinserción. Evaluaciones, estudios y la experiencia comparada muestran que la cárcel interrumpe procesos de socialización y desarrollo cruciales en esta etapa de la vida, debiendo siempre considerarse como última alternativa en el caso de un adolescente.
Respecto de la implementación, cabe relevar los principales problemas que acarrea esta modificación legal. En primer lugar, pareciera que las serias dificultades que se han enfrentado para asegurar la oferta necesaria van a ser solucionadas aumentando la penalidad, costo que tendrá un directo impacto en la vida de los adolescentes, pagando ellos por problemas de gestión y eficiencia del sistema y la Autoridad. Esto sin considerar los cuantiosos recursos para infraestructura y personal ya invertidos en el sistema semicerrado – 300 nuevos funcionarios, por ejemplo- que arriesgan quedar sin mayor destino ni explicación.
En segundo lugar, estadísticamente esta propuesta se traduce en un importante cambio de las estimaciones de demanda con las que se cuenta, corriendo el serio riesgo de colapsar los centros cerrados, lo que traerá el consecuente hacinamiento y la imposibilidad de ejecutar efectivamente los programas comprometidos para rehabilitación, educación y reinserción que la ley garantiza, situación que es particularmente preocupante en la Región Metropolitana.
Por estas razones quienes suscribimos esta declaración rechazamos por completo la propuesta parlamentaria antes mencionada, la que desvirtúa cualquier aporte que la mencionada reforma pudiese realizar, ya que no respeta el principio de utilizar la cárcel sólo como último recurso y condiciona las oportunidades de reinserción que la misma ley garantiza".
En sus dos informes la Comisión de Expertos en Responsabilidad Penal Adolescente planteó que la ley N° 20.084 tiene deficiencias y obstáculos normativos que dificultan seriamente una buena puesta en marcha del sistema, proponiendo reformas urgentes antes de junio próximo.
Este nudo crítico se expuso sin tomar posiciones político criminales sobre qué tipo de sistema penal para infractores menores de edad Chile debe tener. Sólo se concentró la crítica en aspectos de la ley que generan graves vacíos o dudas comprometiendo una exitosa implementación.
Dejar como única sanción posible para el tramo de crímenes la internación en régimen cerrado no es una propuesta de la Comisión de Expertos. No está en la lógica de los informes y significa reabrir un debate que se estimaba cerrado –tanto por el Ejecutivo como por el Congreso Nacional- mientras no se implementará la nueva ley.
Pero además de inoportuna, esta propuesta conlleva graves problemas dogmáticos y de implementación. Respecto de los primeros, sacar la posibilidad de derivar a los jóvenes al sistema semicerrado en los casos de delitos graves significa reducir la discrecionalidad del tribunal al momento de sentenciar, además de disminuir las posibilidades efectivas de reinserción. Evaluaciones, estudios y la experiencia comparada muestran que la cárcel interrumpe procesos de socialización y desarrollo cruciales en esta etapa de la vida, debiendo siempre considerarse como última alternativa en el caso de un adolescente.
Respecto de la implementación, cabe relevar los principales problemas que acarrea esta modificación legal. En primer lugar, pareciera que las serias dificultades que se han enfrentado para asegurar la oferta necesaria van a ser solucionadas aumentando la penalidad, costo que tendrá un directo impacto en la vida de los adolescentes, pagando ellos por problemas de gestión y eficiencia del sistema y la Autoridad. Esto sin considerar los cuantiosos recursos para infraestructura y personal ya invertidos en el sistema semicerrado – 300 nuevos funcionarios, por ejemplo- que arriesgan quedar sin mayor destino ni explicación.
En segundo lugar, estadísticamente esta propuesta se traduce en un importante cambio de las estimaciones de demanda con las que se cuenta, corriendo el serio riesgo de colapsar los centros cerrados, lo que traerá el consecuente hacinamiento y la imposibilidad de ejecutar efectivamente los programas comprometidos para rehabilitación, educación y reinserción que la ley garantiza, situación que es particularmente preocupante en la Región Metropolitana.
Por estas razones quienes suscribimos esta declaración rechazamos por completo la propuesta parlamentaria antes mencionada, la que desvirtúa cualquier aporte que la mencionada reforma pudiese realizar, ya que no respeta el principio de utilizar la cárcel sólo como último recurso y condiciona las oportunidades de reinserción que la misma ley garantiza".
Ha informarse pues....
Saludos
Cristian Solar B.
Coordinador Uderej Sename Xa Region
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