Alguien decía hace un tiempo que en nuestro continente suelen coexistir los discursos más grandilocuentes sobre la necesidad de proteger a la infancia con la práctica sistemática de la eliminación de niños pobres por escuadrones de la muerte. En Chile ahora se ha dado un paso novedoso y muy importante en la conciliación de ambas tendencias: se prepara el encarcelamiento de adolescentes "delincuentes" por mínimos de 2 y máximos de hasta 10 años, invocando la Convención sobre los Derechos del Niño.
Poco importa que dicha Convención diga que la respuesta en estos casos debe priorizar la reintegración social y que la privación de libertad debe usarse como último recurso y por períodos breves, que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas haya dicho en enero que la Ley 20.084 era ya demasiado dura y debía ser modificada para adaptarse a lo que exige la Convención. Tampoco importa que los niños y adolescentes pobres del país ya estén (siempre han estado) sometidos a formas de encarcelamiento abierto (en cárceles de adultos, cuando son declarados "con discernimiento") o disimulado (en "centros" de menores), y que las cifras no avalen el supuesto y temible aumento de la delincuencia juvenil. Nada de eso importa, pues nuestros parlamentarios declaran que prefieren legislar en base a "señales", y la gente les pide que esas señales sean de "mano dura".
Si de señales se trata, éstas son bastante claras: es posible que un Estado firme tratados internacionales de derechos humanos y no los tome en serio a la hora de legislar; los derechos del niño son sólo para algunos niños, no para los hijos de los pobres; la solución de los complejos problemas sociales que son violentos y producen más violencia (estructural, institucional y privada) no debe siquiera ser intentada, pues lo que se necesita son sólo más cárceles y para llenarlas de pobres.
Es curioso que en el debate final sobre esta Ley que hace responsables penalmente a los adolescentes la palabra que más se pronunció fuera "irresponsabilidad". Pero veamos: El Estado y la sociedad chilena, no han estado a la altura de las obligaciones que se autoimpuso en 1990 al suscribir esa Convención. No se ha derogado la antigua e impresentable Ley de Menores, no se ha aprobado una Ley de Protección de Derechos de los niños, no se ha creado un Defensor del Niño. El 75% de los niños chilenos declara haber sufrido alguna forma de maltrato….En este marco, es evidente que no se ha dado respuesta a todo lo que hace 17 años se le prometió a la infancia del país, pero no sólo eso: en nombre de esas obligaciones, lo que se hace ahora es violar masivamente los derechos reconocidos.
Todo esto debiera ser motivo de una fuerte indignación. Los adolescentes chilenos, los quinceañeros, los pingüinos….quienes han mostrado una enorme capacidad de organización, de energía vital, de creación de comunidad, de lucha y propuesta, no se merecían esto.
Poco importa que dicha Convención diga que la respuesta en estos casos debe priorizar la reintegración social y que la privación de libertad debe usarse como último recurso y por períodos breves, que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas haya dicho en enero que la Ley 20.084 era ya demasiado dura y debía ser modificada para adaptarse a lo que exige la Convención. Tampoco importa que los niños y adolescentes pobres del país ya estén (siempre han estado) sometidos a formas de encarcelamiento abierto (en cárceles de adultos, cuando son declarados "con discernimiento") o disimulado (en "centros" de menores), y que las cifras no avalen el supuesto y temible aumento de la delincuencia juvenil. Nada de eso importa, pues nuestros parlamentarios declaran que prefieren legislar en base a "señales", y la gente les pide que esas señales sean de "mano dura".
Si de señales se trata, éstas son bastante claras: es posible que un Estado firme tratados internacionales de derechos humanos y no los tome en serio a la hora de legislar; los derechos del niño son sólo para algunos niños, no para los hijos de los pobres; la solución de los complejos problemas sociales que son violentos y producen más violencia (estructural, institucional y privada) no debe siquiera ser intentada, pues lo que se necesita son sólo más cárceles y para llenarlas de pobres.
Es curioso que en el debate final sobre esta Ley que hace responsables penalmente a los adolescentes la palabra que más se pronunció fuera "irresponsabilidad". Pero veamos: El Estado y la sociedad chilena, no han estado a la altura de las obligaciones que se autoimpuso en 1990 al suscribir esa Convención. No se ha derogado la antigua e impresentable Ley de Menores, no se ha aprobado una Ley de Protección de Derechos de los niños, no se ha creado un Defensor del Niño. El 75% de los niños chilenos declara haber sufrido alguna forma de maltrato….En este marco, es evidente que no se ha dado respuesta a todo lo que hace 17 años se le prometió a la infancia del país, pero no sólo eso: en nombre de esas obligaciones, lo que se hace ahora es violar masivamente los derechos reconocidos.
Todo esto debiera ser motivo de una fuerte indignación. Los adolescentes chilenos, los quinceañeros, los pingüinos….quienes han mostrado una enorme capacidad de organización, de energía vital, de creación de comunidad, de lucha y propuesta, no se merecían esto.
Julio Cortés Morales
Abogado
