A siete años de la reforma procesal penal
El 16 de junio de 2007 se cumplieron dos años desde que la Reforma Procesal Penal opera en todo Chile. Anteriormente, con la entrada gradual del sistema en el año 2000, los chilenos fueron testigos de un nuevo sistema de administración de justicia, basado en la transparencia, los juicios orales públicos y la separación de los roles del fiscal acusador, el juez de garantía y el juez sentenciador.
Después de siete años de vigencia, se podría pensar en evaluar su funcionamiento. Sin embargo, quienes han estudiado el tema en profundidad coinciden en que aún no se puede hablar de una evaluación total de la reforma, dado el poco tiempo que lleva funcionando en todo el país y la falta de uniformidad en los criterios de análisis. De todas formas, ya existen estadísticas que pueden dar un atisbo de sus virtudes y problemas.
Como sea, es importante señalar que a diferencia de lo que usualmente se difunde en los medios de comunicación, el objetivo puntual de la reforma no ha sido nunca la disminución de la delincuencia.
Su objeto es la adecuación del proceso penal a exigencias racionales de eficiencia judicial y respeto por las garantías de los imputados. Por lo cual, el aumento o la disminución del número de hechos delictuales es un parámetro falso a la hora de evaluar el impacto de este cambio radical en el sistema de administración de justicia.
La reforma en cifras
Según las estadísticas del Ministerio Público, desde su puesta en marcha la nueva justicia ha atendido 2.616.375 casos, de los cuales el 90,8% se cerró. Del total de casos cerrados, el 51,3% terminó en “archivo provisional”, el 12,7% se cerró por “principio de oportunidad” -no había información suficiente para investigarlos- y el 10,8% terminó en condena a los imputados.
Se han realizado 11.627 juicios orales, de los cuales el 90,8% terminó en condena y el 9,2% finalizó en absolución, logrando una velocidad promedio de 82 días para tramitar cada delito. Los extremos son los homicidios, con 282 días, y las faltas, con 43.
Además, hay que mencionar un progresivo aumento de los casos ingresados. Por ejemplo, las primeras regiones en trabajar con la nueva justicia (IV y IX), pasaron de acoger 78.631 casos en 2001 a 87.045 en 2006; y los tribunales de las regiones II, III y VII recibieron 105.203 casos en 2006 contra 84.415 en 2002.
Pero, ¿hay mejoras con respecto al sistema antiguo? Un estudio del Ministerio Público y el Vera Institute of Justice comparó dos Juzgados del Crimen de la Región Metropolitana -en representación del antiguo sistema- y las fiscalías de Antofagasta y Temuco, ambas de alto tráfico de casos, durante 2002. Allí se vio que en dos meses el sistema antiguo acogió 1.900 casos, mientras que el nuevo recibió más de 4.600.
En el marco de esos casos, la vieja justicia inculpó a 275 personas y la nueva investigó a 198, o sea, 14,5% de detenidos contra 4%. En cuanto a tiempos de tramitación, el mismo estudio arrojó que antes, el 86,8% de los casos se cerró antes de cumplir cinco meses, mientras que con la reforma ese porcentaje era de 96,4%, siendo los casos de homicidio los más ágiles en su tratamiento.
Los Juzgados del Crimen tuvieron una tasa de resolución de 25%, mientras que las fiscalías declararon resueltos todos sus casos, aunque en ese tipo de delito, el sistema antiguo tuvo una tasa de condena de 25% de los casos, mientras el nuevo tuvo sólo 13,6%. Además, el sistema anterior dictó condena al 1,1% del total de casos, mientras el nuevo logró un 6,6%.
Las críticas al sistema
Una de las críticas que se hizo al inicio de la reforma fue la facilidad con que los delincuentes eran liberados sin juicio ni cumplir reclusión.
Mediáticamente se acuñó el término “puerta giratoria” para graficar los casos en que un sujeto era apresado y puesto en libertad al poco tiempo, dándole la posibilidad de delinquir nuevamente. Esto se infiere porque sólo el 10,8% de los casos termina con un condenado. La mayoría de los cierres sin condena son los llamados “sin imputado conocido”; cuando por ejemplo a uno le roban la billetera en la micro y no se da cuenta hasta horas después.
Esta situación se explica, en parte, por la propia naturaleza del sistema, como lo señala el fiscal Hernán Fernández, vocero del Ministerio Público. “En esos casos el sistema es más franco. No hay ningún sistema criminal en el mundo que dé abasto ni entregue satisfacción para todos los casos y si en una investigación no se pueden determinar los responsables, el Ministerio Público aplica el archivo provisional. Pero, a diferencia del sistema antiguo, esta decisión se toma temprano y de cara a la gente, para decirle que por ahora la causa no tiene futuro. Y enfatizo el ‘por ahora’, porque por algo se llama ‘archivo provisional’. Puede ser dejada sin efecto, y, a diferencia del sistema antiguo, existe un trabajo con las investigaciones que son archivadas”.
Gracias a ese trabajo es que se han detenido, por ejemplo, bandas de asaltantes de farmacias, al detectarse un modus operandi similar en varias causas archivadas que dio origen a un trabajo policial mayor que derivó en la captura de los delincuentes.
Otra parte se explica por la presunción de inocencia -"nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario"- y las medidas cautelares que generan la crítica de que el sistema protege más a los delincuentes que a las víctimas. Pero el que se protejan los derechos de los imputados se ve como algo valorable.
“Un sistema no tiene que vulnerar los derechos de las personas para ser más eficaz”, plantea la abogada Francisca Werth, gerente de proyectos de la fundación Paz Ciudadana. “Como sociedad debemos entender que no todos los delitos son encarcelables. No necesariamente la única respuesta al problema de la delincuencia pasa por meter presa a la gente”.
Según Werth, es más importante que el sistema sea eficaz en dar respuesta y que no se dé la idea de que existe impunidad. En eso ayudan las salidas como acuerdos reparatorios o juicios abreviados que agilizan el sistema, siempre y cuando lo que allí se dictamine efectivamente se cumpla.
"¿Esperaríamos que todo se resuelva por la vía judicial? Claro que no, cualquier sistema colapsa si sus recursos no son utilizados racionalmente. El talón de Aquiles de la reforma se da en que si yo voy a dar una respuesta alternativa al juicio oral, debo velar por que esa respuesta se cumpla", añade la abogada.
Con estas medidas se soluciona un vicio del antiguo sistema, que fue el abuso de la prisión preventiva, en que se daban casos de imputados que permanecían presos, bajo esta figura y esperando juicio, un tiempo mayor al que finalmente eran condenados. Cifras de Gendarmería muestran que el año 2000 el 66% de la población penal estaba encerrada por prisión preventiva y sólo el 33% cumplía efectivamente condena. Hoy se puede decir que la proporción de cifras se invirtió en forma radical.
La seguridad ciudadana
Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, realizó un estudio para ver cuánto ha incidido la reforma en los indicadores de seguridad ciudadana. Notó que en todas las regiones, apenas se implementaba la nueva justicia, había una abrupta crecida en las denuncias, en especial por delitos menores como robos y lesiones. ¿Había más confianza en las instituciones o había un aumento de la delincuencia debido a la denominada “puerta giratoria”?
“Encontramos que para el caso de la victimización, es decir, las víctimas efectivas, evidenciadas a través de encuestas, no se manifiesta una variación notable con la reforma. No hay un incremento ni un decrecimiento de las víctimas. O sea, la comisión de delitos no ha aumentado”, dice Mohor. Para ver si el aumento se debía a una mayor confianza en la tarea de las policías y el Ministerio Público, se analizaron encuestas de “denunciabilidad” y la información sobre delitos que sufren las víctimas pero que no necesariamente se denuncian. Allí tampoco se encontró una variación de peso. “Las mismas víctimas no manifiestan denunciar más porque hay reforma implementada”, dice la investigadora. Las cifras tampoco evidencian un aumento sustancial en el temor de la ciudadanía.
La explicación que el estudio dio para el aumento de las denuncias, pasa por la manera en que la reforma define las denuncias y por cómo actúan ahora Carabineros e Investigaciones.
“La principal variación se debía a cambios de la operativa de las instituciones (...) Cuando Carabineros aprehendía a un sujeto en delito flagrante, lo que hacía era registrarlo como detención. Con la reforma y los fiscales, esto ya no queda registrado como una detención, sino como una denuncia”, sostiene Alejandra Mohor. De allí el aumento estadístico de esa figura.
¿Confía la gente en la nueva justicia? “Yo creo que es muy pronto para evaluar si existe más o menos confianza en el sistema”, dice Francisca Werth. “Aún están bajos los niveles de confianza, pero la opinión pública valora la labor del Ministerio Público y de la Defensoría por la rapidez y la transparencia”, añade. “En cuanto a la seguridad pública la reforma no genera cambios y no tiene por qué hacerlo, porque se refiere a la persecución criminal. Y si bien su funcionamiento eficiente va a actuar como disuasivo de la actividad criminal, eso es muy marginal”, afirma Mohor.
Fuente: bcn.cl
