(Carlos Tiffer a la izquierda, junto a Fanny Pollarolo, jefa del Departamento de Derechos y Responsabilidad Juvenil, Eugenio San Martín, Director del Sename, y Miguel Cillero, de Unicef)
El jurista Carlos Tiffer, líder de la reforma penal adolescente en su país, se reunió con profesionales del Sename.
Invitado a nuestro país como expositor del X Curso Internacional de Protección Jurisdiccional de los Derechos de los Niños para Jueces, Fiscales y Abogados Defensores, organizado por la Unicef y la Universidad Diego Portales, el jurista costarricense, Carlos Tiffer visitó las dependencias del Sename y se reunió con autoridades y profesionales del servicio.
Tiffer, quien fue uno de los principales gestores del sistema penal juvenil que rige en su país desde 1996, comentó que los principales problemas de implementar un nuevo modelo de justicia para adolescentes se relacionan con la interpretación de la Ley, ya sea por imprecisiones de técnica legislativa o ciertos artículos un poco "novelescos"; el tema presupuestario, en el que reconoció que Chile ha sido más previsor que su país; y los problemas de aplicación de un modelo desconocido.
El complejo proceso de aplicación
El jurista costarricense afirmó que un nuevo sistema penal juvenil es muy complejo y costoso por el principio de la especialización de los diferentes actores involucrados que exige. Aunque, asegura, su problema principal radica en el tipo y variedad de sanciones que establece. "Una gama amplia de las cuales no se tiene conocimiento ni tradición", dice.
"La complejidad viene cuando se trata de concretar sanciones con fines socioeducativos", agrega. "¿Cómo aplicar una Libertad Asistida, Servicios a la Comunidad, o de orientación y supervisión, por ejemplo, si muchas veces los mismos funcionarios no saben hacerlo?". La finalidad educativa de la Ley Penal Adolescente, concluye, "desborda y trasciende las competencias de los órganos encargados de hacer cumplir la sanción".
Otro aspecto que para el experto complica aun más la aplicación de la nueva justicia juvenil es la naturaleza de los sujetos a quienes está destinada. Personas que están en un trance entre la edad adulta y la niñez. Y que además, en su mayoría, provienen de los estratos sociales bajos. "Tienen carencia de casi todo para cumplir con los fines de las sanciones: alto retraso escolar, analfabetismo, consumo de drogas", afirma.
Un foro para solucionar los problemas
Tiffer recomendó la formación en Chile de lo que en Costa Rica se llamó el "Foro para la Implementación de la Justicia Juvenil", una mesa de conversación convocado por el Ilanud, (Instituto Latinoamericano para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, con sede en Costa Rica), donde se discutan las dificultades que tienen los jueces, fiscales, policías y los encargados de la ejecución de las sanciones, entre otros. Allí cada sector puede exponer con transparencia los problemas comunes, pudiendo incluso establecerse acuerdos de orden práctico.
Recalcó que en esta instancia la participación de los jueces es fundamental. "Ellos son los que toman las decisiones, porque pueden haber malos defensores, fiscales, trabajadores sociales, pero los que tienen que ser buenos son los jueces, su responsabilidad trasciende socialmente". Los definió como personajes con "un perfil de independencia, resistentes a la presión interna y externa, particularmente, a la presión de los medios de comunicación".
Para cumplir con los fines socioeducativos de la norma, recordó que Costa Rica promulgó en 2005 la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles. Declaró que espera que nuestro país también siga este camino. "Todos los aspectos de relación entre una persona sancionada y una institución pública y privada son muy complejos, involucran afectación de derechos y coerción, por eso deben ser regulados por ley. Cualquier ministerio o servicio público estaría obligado a cumplir una petición del organismo ejecutor de la sanción", afirmó.
En relación a los regimenes de privación de libertad sugirió no recargarlos, ya que la privación de libertad tiene un "efecto estigmatizador muy negativo". Al contrario, sentenció, el éxito de la reinserción social de los jóvenes acusados de cometer delitos, que en su mayor parte "son de bagatela", se da en los sistemas de sanciones en medio libre. "La privación de libertad debe ser una excepción", afirmó. Como también la detención preventiva. "No debe usarse normalmente, sólo en casos extremos", concluyó.
Fuente: Web Sename.
