Por Carolina Rojas / La Nación Domingo
El destino de los niños infractores de ley
Sin rehabilitación:
El principal objetivo de la reforma penal juvenil era que los menores fueran favorecidos con políticas de rehabilitación que se diferenciaran de las prácticas de las cárceles para adultos y favorecieran su reinserción social. A casi cuatro años de su entrada en vigencia, la realidad habla de otra cosa: jóvenes infractores sin cupos en el sistema e instalaciones, infraestructura y atenciones muy por debajo de los estándares que se proyectaron.
Jonathan (18) trabaja limpiando autos en una empresa de Maipú por el sueldo mínimo. Cuenta que no hay día que no se arrepienta de haberle robado el celular a la señora que caminaba distraída por la estación de Metro Pajaritos y siente que cada vez se le cierran un poco más los caminos de la nueva vida que trazó. Antes no era diferente del grupo de amigos con los que creció en la calle: robaba, tomaba alcohol y se drogaba con pasta. En mayo será papá de un niño, y esa felicidad que lo obligó a cambiar de vida se termina de golpe cuando recuerda ese día. Hace un año y medio carga con una medida cautelar que le nubla el futuro. Falta al trabajo entre audiencia y audiencia y ni siquiera conoce a su abogado, tampoco sabe dónde se rehabilitará. Siente que lo necesita, después de haber asistido cuatro meses a Tiempo Joven. Lo detuvieron el 19 de noviembre de 2007 y la libertad se la dieron el 28 de febrero de 2008.
Jonathan es uno de centenares de jóvenes infractores de ley para los cuales se diseñó la reforma procesal penal que le dio imputabilidad a los mayores de 14 años, cuya ley se promulgó en septiembre de 2005. Cuando se tramitó la ley, se dijo que se buscaba favorecer a los Jonathan con políticas de rehabilitación que se diferenciaran de las prácticas de las cárceles para adultos y favorecieran su reinserción social. Pero la realidad dista mucho de lo proyectado.
Tras obtener su libertad, desde hace más de un año Jonathan espera su programa de rehabilitación, que debería aportarle apoyo sicosocial y prepararlo para una inserción plena a la sociedad. Pero no hay cupo para él en ninguna de las 15 instituciones privadas colaboradoras del Sename en esta tarea.
El 1 de diciembre de 2008, los presidentes de las corporaciones Promesi, Opción y ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) y Fundación DEM enviaron un documento al director de Sename, Eugenio San Martín, para comunicarle que no efectuarían nuevos ingresos de adolescentes a los programas.
Uno de los motivos que expusieron fue que los centros se encontraban con sobre atención de niños, sumado al atraso del pago de algunas subvenciones por parte de Sename. En las instituciones se hablaba de colapso total del sistema.
Un panorama nada alentador se trasluce también en un informe de la Contraloría General de la República realizado en el mismo mes que registra, entre otros aspectos, falta de equipos profesionales adecuados, ausencia de talleres y de programas de capacitación. Estas corporaciones reciben subvenciones estatales de 120 mil pesos mensuales por niño en el programa de libertad asistida y de 140 mil pesos por niño admitido en programas de libertad asistida especial.
Instituciones colaboradoras
LND visitó algunos de esos recintos. En la sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) de la calle Ecuador, por ejemplo, se puede reparar en cada una de las carencias que consigna el informe de ente fiscalizador. Al recorrer el lugar, su director, Augusto Mora, explica que el principal objetivo del centro es la incorporación del joven a todos los ámbitos de la sociedad; sin embargo cuesta imaginar la capacitación laboral con talleres clausurados y muebles arrumados. En este centro, no hay espacios para poder construir salas de capacitación, tampoco áreas verdes de recreación. La única cancha para jugar fútbol es gris de tanto asfalto y está rodeada de paredes alambradas que hacen que este lugar parezca una correccional y no un lugar donde un joven pueda optar a la rehabilitación. Sólo hay dos salas donde desde sus paredes cuelgan algunas figuras de Disney. Allí, cien niños deben aspirar a nivelarse de curso.
Jaime Vilches, director de ACJ, explica que las complicaciones empezaron ocho meses después que entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y recuerda que en el momento más crítico llegaron a tener 170 chicos en un programa que está contemplado sólo para 102. "A pesar de eso asegura , siempre hemos recibido a los adolescentes, si no lo hiciéramos, estaríamos ayudando al incumplimiento de la sanción". Aunque admite que queda un alto número de sanciones pendientes, o que no se cumplen.
Desde la corporación Opción, explican algo parecido. Señalan que desde que se licitó el programa, éste partió con un número determinado de plazas. Que ocho meses después de instaurada la ley, se superó con creces la cantidad de niños por programa. "Nosotros licitamos 33 plazas y llegamos a tener 133", explica un encargado del programa.
Ramiro Orellana, presidente de la Asociación de Trabajadores del Área Infantojuvenil de estas corporaciones, señala que el problema más grave es que el dinero que los organismos colaboradores reciben del Sename en muy pocas ocasiones se destina a la infraestructura y a la dotación de profesionales acorde al número de niños, tal y como lo exige la ley. Acusa, por ejemplo, que tan sólo en la sede de la corporación Opción de la comuna de Maipú, que contempla tres programas, ya tienen problemas por el gran número de adolescentes que asisten, versus la escasa dotación de técnicos que se han contratado para ello.
Según Orellana, la solución pasa por la reestructuración del centro y la dotación de personal. Explica que la ley expresa claramente que debe haber un director por programa. En la sede, sólo existe uno para los tres programas que se imparten. También establece que al menos debe haber dos jefes técnicos, pero que los tres programas apenas contemplan un encargado. "En Opción saben que estos últimos meses se ha rechazado el ingreso de chiquillos y que los chicos se quedan dando vueltas. Esta es sólo la punta del iceberg del problema que se vive en estos lugares", explica Orellana.
El informe de Contraloría
El testimonio de los chicos da cuenta de las mismas deficiencias. "En San Ramón, donde voy yo, con cuatro días que vai sin faltar, te pasan de curso, no nos llevamos bien, nos discriminan, yo entré peleando, los huevones andan volados y hay puros pokemones", dice un niño para el informe de la Unicef que se publicó en diciembre del año pasado.
El informe de Contraloría, por su parte, que supervisó las 15 instituciones colaboradoras de Sename, también consigna la falta de cursos y talleres para la formación de adolescentes, carencia de programas permanentes de formación y capacitación laboral, sumado a la falta de espacios físicos al interior de dichos establecimientos.
En la Fundación Promesi, otra institución colaboradora de Sename, la Contraloría detectó que está pendiente la rendición de un aporte del Sename destinado a la construcción de una casona en Ñuñoa que finalmente no se concretó. El informe del ente fiscalizador también registró que en un centro de la comuna de la Región de Biobío se encontró un alto índice de deserción de los programas adolescentes. En uno de ellos, por ejemplo, sólo tres de once adolescentes cumplieron su rehabilitación.
Para Ramiro Orellana, la explicación a tantas insuficiencias es fácil: la criminalidad juvenil se ha transformado en una actividad de lucro y no en un problema que se quiera atender de forma integral. Orellana señala que las instituciones siempre están sobrepasadas de plazas. Tanto que es un secreto a voces que en algunos centros del norte, los talleres se limitan a que los adolescentes, amontonados en un sillón, vean por horas la televisión.
La corporación Opción de La Pintana, un centro de libertad asistida, enfrenta una denuncia de los propios jóvenes que asisten a ese establecimiento. En ese lugar, se suponía que los adolescentes serían sometidos a un programa individual de actividades socioeducativas y reinserción social bajo la supervisión de un delegado. Pero la denuncia indica que a los jóvenes sólo les hacían firmar asistencia y luego les daban dinero para la locomoción. "En las citas pactadas que tienen los niños con los delegados, éstos ni le hablan, ni siquiera los pescan", denuncia un trabajador.
La corporación aludida desmiente estos hechos. "Nosotros no tenemos esa modalidad de trabajo, nuestros programas no se remiten a una firma en el libro, pasarles plata y que el chico se vaya para la casa. Todas nuestras atenciones, incluso las medidas cautelares, se hacen con entrevistas sicosociales con un profesional, no tenemos la modalidad de la atención en ventanilla por cumplir", aclara Miguel Luarte, director de Opción.
LND en dos ocasiones trató de visitar los establecimientos cuestionados, pero las peticiones siempre fueron remitidas a una entrevista con el director en su oficina, ubicada en la comuna de Providencia.
Osvaldo Torres, presidente de AChNU (Asociación Chilena pro Naciones Unidas), cree que un problema de infraestructura como la falta de plazas en estos centros son una dificultad endémica en el sistema chileno en general, porque hay poca conciencia de la relación entre los programas de libertad asistida, la libertad asistida especial, la prevención del delito y el cumplimiento de orientaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. "La única medida ante la emergencia es una modificación presupuestaria en Sename, pero que no vulnere los derechos de otros niños que están cubiertos por ese presupuesto. En el área de infractores de ley y estas instituciones colaboradoras, es obvio que podrían aumentar las estrategias ilegales para obtener ingresos", aclara.
Torres cree que en el caso chileno la infraestructura de estos establecimientos es deplorable y no es apta para generar procesos de reinserción social. "Hay una tendencia a utilizar el sistema como símbolo de dureza en el combate a la delincuencia, esto tiene consecuencias dañinas para la verdadera reinserción social de los jóvenes", aclara.
Gonzalo Berríos, jefe de Defensa Penal Juvenil, explica que sólo en el caso de los defensores públicos, la proyección original con la que se trabajó fue una cifra de 22 mil adolescentes imputados al año, pero en 2008 éstos alcanzaron a los 30 mil adolescentes.
En una última reunión de Sename con las instituciones colaboradoras, se determinó que todos los nuevos ingresos deberán ser aceptados por las instituciones privadas. "Las corporaciones están obligadas a aceptar el ingreso de los adolescentes porque son casos de fuerza mayor, es decir estas instituciones como primera medida deben atenderlos y luego requerir el pago correspondiente", aclara Eugenio San Martín. Y explica que para solucionar los problemas de cobertura se ha aumentado el dinero de inversión en cada uno de los programas, sumándose 3.300 millones de pesos a los 1.500 millones de pesos que ya estaban destinados para ello.
El director de Sename aclara que este incremento de ingresos también permitirá mejorar la atención. "Un 90 por ciento de los casos están cumpliendo sentencia en un medio libre. Para mejorarlo el presupuesto se ha aumentado, pero lo importante es que este proceso esté acompañado de un monitoreo y de seguimiento de cada unos de los casos de los adolescentes", explica. //LND
Fuente: Diario La Nacion. Temas del Domingo
