lunes, 22 de octubre de 2012

BOLIVIA: JUSTICIA PENAL JUVENIL MODIFICARÁ PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

El Diario 18/10/2012

Los jóvenes ahora serán imputables, bajo parámetros de la nueva ley.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Marca, explicó que esta normativa establecerá nuevos mecanismos para que los jóvenes (16 a 21 años) antes de ser sancionados, en caso de que cometan un delito reciban un trato preferente mediante políticas que busquen su reinserción en la sociedad. Esto para evitar la condena social y penal de los jóvenes, sin que éstos reciban otra oportunidad.

“Esta ley es muy compleja y necesaria para el colectivo poblacional de los 16 a 21 años. Hay que hacer una compatibilización con varias leyes para que no entren en coalición o en contradicción con el Código Penal”, explicó Marca.

El anteproyecto de ley, propone dar un trato preferente en materia penal para aquellos jóvenes entre 16 a 21 años, por considerarla la etapa más frágil en la vida de ellos.

“Es el momento en que se separan de sus padres, empiezan a tomar sus propias decisiones y a veces cometen errores. Por esos errores, a veces cuando son sorprendidos en un delito, son linchados, son tratados como personas de baja categoría por las autoridades o como seres no reformables”, expresó.

Se definirá a partir de la normativa, que los jóvenes no sufran maltratos físicos y verbales, ni por las autoridades ni por la sociedad. “Por ejemplo, en la población de Viacha, visitamos la Comisión de Derechos Humanos y ahí descubrimos que el 99% de los jóvenes denunciados son privados de libertad de manera preventiva y sólo el 1% tiene sentencia condenatoria”, señaló.

Por lo tanto, este trato especial, consistirá en el cambio del procedimiento al momento de sancionar a los jóvenes, así como las sanciones y dará mayores oportunidades basándose en la reinserción social a través de programas de rehabilitación, principalmente.

Este anteproyecto de Ley, será terminado de evaluar en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja para empezar a ser tratado en el pleno de la Asamblea Legislativa, en dos semanas aproximadamente.