En 1985, un tribunal de Baltimore (Maryland, EE.UU.) condenó a muerte al marine Kirk Noble Bloodsworth
(1960-) por la violación, asesinato y descuartizamiento de Dawn
Hamilton, una niña de 9 años, ocurrido en la cercana localidad de
Rosedale, el 25 de julio de 1984, a pesar de que él siempre proclamó su
inocencia y de que no existía ninguna evidencia física que lo
relacionara con aquel crimen si no, tan solo, una denuncia anónima y el
testimonio de cinco testigos que lo situaron cerca del lugar del crimen.
Nueve años más tarde, el 28 de junio de 1993, la justicia conmutó
aquella pena capital al demostrar que su ADN no se correspondía con el del semen hallado en el cuerpo de la víctima, convirtiéndose en el primer preso del corredor de la muerte que lograba ser liberado gracias a la realización de esta prueba.
Posteriormente, en la primavera de 2003, la defensa de Bloodsworth
insistió en llevar a cabo un nuevo análisis de restos biológicos pero
esta vez del ADN del compañero que había ocupado su celda contigua –el
violador Kimberley Shay Ruffner– cuyo resultado fue concluyente: ese
hombre había violado [matado y descuartizado] a la niña, por lo que fue
condenado por asesinato. El éxito de aquella prueba fue posible gracias a
la intervención del denominado Innocence Project que crearon los abogados Barry C. Scheck y Peter J. Neufeld en 1992.
El Proyecto Inocencia es una clínica de medicina legal, adscrita a la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo
de la Universidad Yeshiva (Nueva York, EE.UU.) -en 2004 se convirtió en
una organización sin ánimo de lucro de este centro universitario- cuyo
objetivo es realizar pruebas de ADN para demostrar la inocencia de los presos que hayan sido juzgados y condenados.
En estas dos décadas de trabajo, han conseguido liberar a cerca de 300
reclusos que habían sido encarcelados erróneamente, tras haber pasado
una media de trece años recluidos en prisión. La fría estadística
incluye a 17 personas que, como Bloodsworth, se encontraban en la milla verde esperando su ejecución.
La trascendencia de este proyecto alcanzó tal magnitud que, en 2001, el gobierno estadounidense de George W. Bush aprobó la Innocence Protection Act que acabó integrándose en el posterior Título IV de la Justice for All Act de 2004
para permitir que, en determinadas circunstancias, puedan practicarse
los análisis de ADN si existe una probabilidad razonable de conseguir
nuevos indicios, con el fin de que no se ejecute a ningún condenado sin
haber valorado esta posibilidad que brinda la ciencia.
