El proyecto de ley que se discute en la Cámara, que dividirá en dos organismos al actual Servicio de Salud del Sename, ha recibido distintas críticas. Mientras los funcionarios apuntan a un innecesario cambio de ministerios, también surgen críticas al tratamiento de casos judiciales, siempre con el financiamiento como una deuda desde el Estado. Se espera que durante este gobierno finalmente se vote la reforma a la protección de menores.
El Servicio Nacional de Menores recibió 87 mil
432 jóvenes durante este año, de los cuales un 82% recibe la asistencia que
garantiza el Estado, más un 18% de jóvenes que cumplen alguna infracción
judicial. Estudios advierten que el tratamiento de ambos grupos en un solo
centro deriva en un alza en índices de delito, reincidencia y problemas en los
internos.
Ante este tema, el Ejecutivo envió, con suma
urgencia, un proyecto de ley que divide el Sename en dos organismos
independientes: Servicio de Protección de la Infancia y un Servicio Nacional de
Responsabilidad Penal Adolescente. Todos los miércoles el texto es revisado en
la comisión de Constitución de la Cámara, y más de la mitad estaría
aprobado.
El presidente de la comisión, diputado Cristián
Monckeberg, apuntó que la división es urgente, y cuenta con consenso en la
Cámara, sin certeza por su aprobación durante este gobierno. A su juicio, esta
separación de funciones requiere además de otras leyes que definan la protección
legal de menores en el país.
“La división es urgente y necesaria. Lo que es
relevante es que no sacamos nada con estructura orgánica dividida si no tenemos
claro el marco, una ley que fije la protección general de los derechos del niño,
ese proyecto se lo pedimos al Gobierno, fue enviado a la Cámara”, declaró.
Monckeberg subrayó en la reforma que requiere la
Ley de Menores, sumado a otras peticiones por una Defensoría de la Infancia, y
una reforma a la Constitución que especifique la defensa de derechos universales
de niños y adolescentes.
Para Alicia del Basto, presidenta de la
Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), esta división de funciones sólo
aporta burocracia, ya que las fichas de cada menor están en el ministerio de
Justicia, cartera que contempla monitoreo directo en cada caso específico.
“Está bien si el Estado quiere dividir servicios,
pero reconocemos que hay que hacer mejoras sustanciales para mejorar la calidad
de la atención. Pero mientras no se derogue la Ley de Menores, esto debe seguir
en Justicia, porque todos los niños están judicializados, todas sus causas son
en tribunales. Que se vaya al ministerio de Desarrollo Social es tremendo error,
sólo tiene programas y no tiene atención directa. Nosotros creemos que debe
seguir bajo el alero del Estado”, señaló.
La dirigente recalcó en la falta de
financiamiento para profesionales, infraestructura y capacitación, sumado a la
baja subvención que se entrega por cada menor en centros cerrados y
semicerrados, los cuales carecen de equipamiento para cumplir sus objetivos.
En un aspecto técnico, Gonzalo Paz, psiquiatra
que encabezó la recuperación del menor Cristóbal, conocido como Cisarro, señaló
en el programa Semáforo de nuestra emisora que es necesario optimizar
tratamientos a la altura de los mejores sistemas de salud privada.
“La situación de estos niños va a cambiar cuando
trabajemos las patologías siquiátricas con las familias, porque sus padres
podrían tener patologías. La solución es un servicio de siquiatría y salud
mental integral, el mismo tratamiento si hubieran nacido en Lo Barnechea, que
cubra el 70% de niños con patología siquiátrica que están internos”, dijo.
A juicio del especialista, existen factores
sicológicos que no alcanzan a ser considerados en la recuperación de menores de
edad, sumado a obligaciones del Sename por la Ley de Responsabilidad
Adolescente, que recargan funciones sin tener una dotación suficiente.
