Uruguay
realizará un plebiscito para que la ciudadanía elija si endurece el trato penal
a los menores que cometan delitos graves, después de que la Corte Electoral
anunciara hoy la validez de 250.000 firmas, el mínimo legal exigido, recogidas
el año pasado en apoyo de la iniciativa.
La ministra de la Corte Electoral, Sandra Etcheverry, confirmó a los medios
uruguayos que el cotejo de las más de 350.000 firmas presentadas por la Comisión
Nacional para Vivir en Paz "Yo Firmo", organización impulsada por los opositores
Partido
Nacional y Partido Colorado, alcanzó la cifra necesaria y que la
votación se realizará en coincidencia con las elecciones generales previstas
para octubre de 2014.
Así, los uruguayos serán consultados por si aceptan una modificación en la
Constitución para rebajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal para
que los delincuentes juveniles puedan ser juzgados como adultos en casos de
crímenes graves.
Además, también se pretende que la Justicia
mantenga los antecedentes penales de los menores para que sean considerados en
los procesos a los que sean sometidos cuando alcancen la mayoría de edad.
En tercer lugar también se pide la creación de un instituto para el menor
infractor con el objetivo de frenar el desborde de los actuales centros a los
que la Justicia deriva a los delincuentes juveniles.
Según explicó a Efe el senador y líder del Partido Colorado Pedro Bordaberry,
uno de los defensores de la iniciativa, ahora comenzará "la campaña para recabar
el voto" para la convocatoria, que ya es "imparable".
En este sentido, Bordaberry señaló que dado el apoyo que tiene la medida
entre la población, el Gobierno, que desde el primer momento se mostró crítico
con la iniciativa, "podría escuchar la voz del pueblo y atender los proyectos
legislativos que están en el Parlamento y que apuntan al mismo sentido.
"Un 15 % del padrón electoral firmó para pedir la votación en un período de
once meses. El Gobierno debería escuchar puesto que esta preocupación va más
allá de las encuestas, que dicen que la propuesta es defendida por la mayoría
del país. Este no es un tema de partidos políticos, es un tema de la
ciudadanía", señaló.
La recolección de firmas para pedir la votación comenzó en abril de 2011 en
medio de una creciente sensación de inseguridad entre la ciudadanía, molesta por
la aparente impunidad con la que operan algunos delincuentes y con las
dificultades del sistema para atajar los crímenes cometidos por menores.
La campaña de recogida de firmas fue rechazada en todo momento por el
Gobierno del presidente José
Mujica, el oficialista Frente
Amplio, una coalición de varios partidos de centro izquierda, y
numerosas organizaciones de la sociedad civil, como ONGs, la Universidad
de la República y otras instituciones, que pidieron expresamente no
participar en la recogida de firmas.
Uno de los más críticos con el referéndum fue el representante de Unicef
en Uruguay, Egidio Crotti, quien consideró la iniciativa "muy simplista" y
"peligrosa" para combatir la delincuencia porque coloca a la adolescencia "como
un enemigo público".
Crotti señaló además en sus críticas que la relación que existe en Uruguay
entre la percepción masiva de la inseguridad y el papel de los adolescentes "no
está sostenida por ningún dato empírico serio".
Según el Poder Judicial uruguayo, tan sólo el 4,5 % de los delitos, incluidos
los asesinatos, son cometidos por menores.
En el primer trimestre de 2012 se cometieron en Uruguay 88 asesinatos, por lo
que estadísticamente menos de cuatro de ellos habrían sido perpetrados por
adolescentes.
