La Tercera. Hoy
Un avance más rápido en el trámite legislativo de la llamada "agenda corta" contra la delincuencia se espera ahora, luego que ayer los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobaron por unanimidad las dos últimas normas pendientes en la discusión, referidas a dar reglas más claras a los jueces respecto de la prisión preventiva que pidan los fiscales en casos de delitos graves o delincuentes que sean reincidentes
Si bien el proyecto ingresado por el Ejecutivo al Parlamento el pasado 7 de julio de 2006 está lejos de convertirse en ley, pues tras ser votado en la Sala del Senado deberá volver a la Cámara de Diputados por los múltiples cambios introducidos, el acuerdo alcanzado ayer por los senadores augura rápido despacho.
Los recientes fallos de jueces de garantía que generaron inquietud en la ciudadanía por la facilidad con que delincuentes atrapados por la policía quedaron en libertad dominaron la discusión pública y llevaron a los senadores Alberto Espina (RN) y Hernán Larraín (UDI) a presentar una indicación que sustituía dos artículos del Código Procesal Penal (140 y 149).
El texto propuesto, según explicó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, tenía bastante similitud con el proyecto del Ejecutivo, y destacó que en la comisión se llegó a una fórmula adecuada que recogió los aportes de todos los sectores.
En lo medular, la primera modificación apunta a que el tribunal debe entender que la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad cuando los delitos merezcan pena de crimen (graves), exista una condena anterior con igual o mayor pena, la hubiese o no cumplido efectivamente, o cuando está sometido a alguna medida cautelar al momento de perpetrar el nuevo delito.
Si bien el proyecto ingresado por el Ejecutivo al Parlamento el pasado 7 de julio de 2006 está lejos de convertirse en ley, pues tras ser votado en la Sala del Senado deberá volver a la Cámara de Diputados por los múltiples cambios introducidos, el acuerdo alcanzado ayer por los senadores augura rápido despacho.
Los recientes fallos de jueces de garantía que generaron inquietud en la ciudadanía por la facilidad con que delincuentes atrapados por la policía quedaron en libertad dominaron la discusión pública y llevaron a los senadores Alberto Espina (RN) y Hernán Larraín (UDI) a presentar una indicación que sustituía dos artículos del Código Procesal Penal (140 y 149).
El texto propuesto, según explicó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, tenía bastante similitud con el proyecto del Ejecutivo, y destacó que en la comisión se llegó a una fórmula adecuada que recogió los aportes de todos los sectores.
En lo medular, la primera modificación apunta a que el tribunal debe entender que la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad cuando los delitos merezcan pena de crimen (graves), exista una condena anterior con igual o mayor pena, la hubiese o no cumplido efectivamente, o cuando está sometido a alguna medida cautelar al momento de perpetrar el nuevo delito.