UPI - Chile - 04.05.2009 12:49 hrs
VALPARAISO, Chile, may 4 (UPI) -- Una serie de preguntas sobre la situación en que se encuentran más de 100 jóvenes que fueron sancionados durante el año pasado, forman parte del oficio que envió la Comisión de Constitución del Senado al director del Servicio Nacional de Menores (Sename), Eugenio San Martín para evaluar la forma en que se está implementando el sistema de responsabilidad penal juvenil.
Además de ello, la instancia que preside el senador Alberto Espina (RN), invitó para la sesión de este martes 5 de mayo al Ministro de Justicia Carlos Maldonado y al titular del Sename, para debatir a fondo los problemas que se han registrado en algunos centros de internación de jóvenes.
Todo esto, en el marco de la tramitación del proyecto, en segundo trámite, que modifica la ley que establece el sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Si bien ya hubo un primer acercamiento entre ambas autoridades y los senadores de la Comisión de Constitución, en esta oportunidad se quiere avanzar en la búsqueda de diversas fórmulas que permitan perfeccionar la normativa vigente.
Según explicó senador Espina, el primer paso fue el envío de un oficio al Sename para que nos indique, frente a 120 casos de personas que están detenidas, cuya identidad guardaremos en reserva, cómo está funcionando el sistema.
Espina agregó que la idea es poder debatir y ver la manera enfrentar un sistema que no está funcionando bien.
No se están cumpliendo con la mayoría de sus normas, se supone que el sistema de internación en régimen cerrado o semi cerrado y la libertad asistida especial, tienen por finalidad lograr la reinserción social de los jóvenes. Tienen que haber exámenes que determine si fueron sometidos o no a programas de rehabilitación de consumo de drogas y alcohol, deberían terminar sus estudios, deberían tener también asesoría sicológica para reinsertarse socialmente y nada de eso ocurre, o muy poco, explicó.
El parlamentario agregó que los recintos de internación cerrada funcionan mal y los jóvenes vuelven a la calle sin ningún tipo de medida que les permita reinsertarse socialmente, por lo que esta va a ser la oportunidad para hablar derechamente los temas.
Agregó que es fundamental entender que el régimen cerrado es una forma de sacar al niño de un ambiente proclive a la delincuencia y darle un tiempo para que pueda reinsertarse socialmente; mientras que el régimen semicerrado va a acompañado de un delegado que se hace cargo del menor.
Lamentablemente eso no ocurre, el sistema está colapsado. La ley es buena pero la forma y gestión es tan mala que el gobierno quedó en enviar un proyecto para cambiar de fondo el Sename. Si el gobierno mismo sostiene que al Sename hay que hacerle cambios de fondo y estructurarlo íntegramente de nuevo, a confesión de parte relevo de prueba, sentenció.
Entre las inquietudes que se pretenden aclarar en la sesión del martes y con las respuestas al oficio enviado, se encuentran si es que los menores se sometieron o no a tratamiento de rehabilitación de drogas o alcohol; si es que los adolescentes que estaban con régimen de libertad asistida se presentaron o no ante sus delegados para seguir un programa personalizado en su ayuda.
En cuanto a los casos que hayan sido sancionados con régimen semicerrado, los senadores quieren conocer en detalle si los jóvenes seleccionados se presentaron en los centros a cumplir su sanción y si el Ministerio Público fue informado de los casos que no lo hayan hecho.
En caso de que los menores hayan cumplido con el régimen, los legisladores pidieron conocer si el director de los centros propuso al tribunal el régimen personalizado de actividades que exige la ley y en qué consistió el programa.
En los casos de sanción de régimen cerrado, la Comisión de Constitución pidió ser informada respecto de si consta en los procesos que los adolescentes hayan ingresado a cumplir la sanción y qué ocurrió en los casos en que ello no sucedió.
Una serie de preguntas sobre la situación en que se encuentran más de 100 jóvenes que fueron sancionados durante el año pasado, forman parte del oficio que envió la Comisión de Constitución del Senado al director del Servicio Nacional de Menores (Sename), Eugenio San Martín para evaluar la forma en que se está implementando el sistema de responsabilidad penal juvenil.
VALPARAISO, Chile, may 4 (UPI) -- Una serie de preguntas sobre la situación en que se encuentran más de 100 jóvenes que fueron sancionados durante el año pasado, forman parte del oficio que envió la Comisión de Constitución del Senado al director del Servicio Nacional de Menores (Sename), Eugenio San Martín para evaluar la forma en que se está implementando el sistema de responsabilidad penal juvenil.
Además de ello, la instancia que preside el senador Alberto Espina (RN), invitó para la sesión de este martes 5 de mayo al Ministro de Justicia Carlos Maldonado y al titular del Sename, para debatir a fondo los problemas que se han registrado en algunos centros de internación de jóvenes.
Todo esto, en el marco de la tramitación del proyecto, en segundo trámite, que modifica la ley que establece el sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Si bien ya hubo un primer acercamiento entre ambas autoridades y los senadores de la Comisión de Constitución, en esta oportunidad se quiere avanzar en la búsqueda de diversas fórmulas que permitan perfeccionar la normativa vigente.
Según explicó senador Espina, el primer paso fue el envío de un oficio al Sename para que nos indique, frente a 120 casos de personas que están detenidas, cuya identidad guardaremos en reserva, cómo está funcionando el sistema.
Espina agregó que la idea es poder debatir y ver la manera enfrentar un sistema que no está funcionando bien.
No se están cumpliendo con la mayoría de sus normas, se supone que el sistema de internación en régimen cerrado o semi cerrado y la libertad asistida especial, tienen por finalidad lograr la reinserción social de los jóvenes. Tienen que haber exámenes que determine si fueron sometidos o no a programas de rehabilitación de consumo de drogas y alcohol, deberían terminar sus estudios, deberían tener también asesoría sicológica para reinsertarse socialmente y nada de eso ocurre, o muy poco, explicó.
El parlamentario agregó que los recintos de internación cerrada funcionan mal y los jóvenes vuelven a la calle sin ningún tipo de medida que les permita reinsertarse socialmente, por lo que esta va a ser la oportunidad para hablar derechamente los temas.
Agregó que es fundamental entender que el régimen cerrado es una forma de sacar al niño de un ambiente proclive a la delincuencia y darle un tiempo para que pueda reinsertarse socialmente; mientras que el régimen semicerrado va a acompañado de un delegado que se hace cargo del menor.
Lamentablemente eso no ocurre, el sistema está colapsado. La ley es buena pero la forma y gestión es tan mala que el gobierno quedó en enviar un proyecto para cambiar de fondo el Sename. Si el gobierno mismo sostiene que al Sename hay que hacerle cambios de fondo y estructurarlo íntegramente de nuevo, a confesión de parte relevo de prueba, sentenció.
Entre las inquietudes que se pretenden aclarar en la sesión del martes y con las respuestas al oficio enviado, se encuentran si es que los menores se sometieron o no a tratamiento de rehabilitación de drogas o alcohol; si es que los adolescentes que estaban con régimen de libertad asistida se presentaron o no ante sus delegados para seguir un programa personalizado en su ayuda.
En cuanto a los casos que hayan sido sancionados con régimen semicerrado, los senadores quieren conocer en detalle si los jóvenes seleccionados se presentaron en los centros a cumplir su sanción y si el Ministerio Público fue informado de los casos que no lo hayan hecho.
En caso de que los menores hayan cumplido con el régimen, los legisladores pidieron conocer si el director de los centros propuso al tribunal el régimen personalizado de actividades que exige la ley y en qué consistió el programa.
En los casos de sanción de régimen cerrado, la Comisión de Constitución pidió ser informada respecto de si consta en los procesos que los adolescentes hayan ingresado a cumplir la sanción y qué ocurrió en los casos en que ello no sucedió.
