Lograr una sanción individualizada para los
jóvenes que han cometido su primer delito, conseguir que participen activamente
en la resolución del caso y prestar un servicio en favor de la comunidad en la
que viven son los tres grandes objetivos que persiguen los Tribunales de Adolescentes, o Teen
Courts, de los Estados Unidos. A ciencia cierta no se sabe cuál fue el
primer programa que sirvió de base a los demás, pero la National Association
of Youth Courts (NAYC) –una federación que reúne a las
ONG que gestionan estos planes en 18 Estados de la Unión– considera que pudieron
ser el Youth court que comenzó a trabajar en Horseheads (Nueva York) en
1968, o el Youth jury, de Naperville (Íllinois), de 1972. Lo cierto es
que, desde entonces, estos programas voluntarios de justicia restaurativa –que
reciben diversas denominaciones: Youth courts, Student courts o
Peer courts– se fueron extendiendo por todo el país desde finales del
siglo XX y, actualmente, hay más de mil programas activos funcionando en 49
Estados, además del Distrito de Columbia, para que los propios jóvenes de su
localidad sean los que juzguen a los adolescentes que hayan delinquido por
primera vez (generalmente, por asuntos de robos, vandalismo, consumo de alcohol,
alteración del orden público, posesión de drogas o siniestros relacionados con
el tráfico). De este modo tan singular, los
menores que accedan a estos planes tendrán que rendir cuentas ante otras personas de su
misma edad, un juicio entre iguales (peer, en inglés), que les
harán comprender que su conducta fue contraria a las leyes.
El 93 por 100 de estos planes voluntarios exige
que los delincuentes asuman y reconozcan su culpabilidad para poder participar
en un Teen court; no obstante, si el joven insistiera en declararse “no
culpable”, también se prevé la celebración de una vista previa para determinar,
en primer lugar, su inocencia o culpabilidad, antes de impartir justicia
resolviendo el conflicto de fondo. Prácticamente la totalidad de sus
resoluciones se decantan por condenar al joven a realizar algún tipo de servicio
en favor de la comunidad, pero también se puede solucionar el conflicto pidiendo
disculpas a la víctima, de palabra o por escrito; asistiendo a talleres, cursos
de formación o programas de desintoxicación, según el caso; dando charlas a
otros jóvenes para que no incurran en las mismas conductas, visitando prisiones
para comprender las consecuencias que conlleva incumplir la Ley o, en el caso de
las infracciones contra la seguridad vial, retirándoles el carné de
conducir.
Más de la mitad de los jóvenes que han
participado como acusados en estos innovadores programas acaban convirtiéndose
después en jueces de otros menores delincuentes; y ponerlo en marcha cuesta, de
media, tan solo 32.767 dólares al año de presupuesto.
