La Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos es uno de los organismos
especializados que forman parte de la Organización de los Estados
Americanos; su objetivo es promover y proteger los Derechos Humanos en este
continente y, con ese propósito, en 2011 realizó el informe Justicia Juvenil y Derechos
Humanos en las Américas, analizando la situación en los
distintos Estados miembros de la OEA. Las principales conclusiones de la
CIDH –que no ahorra críticas y, en ciertas ocasiones, reconoce con
preocupación graves carencias y ciertas prácticas– fueron en algunos
momentos demoledoras.Comienza recordando que este sistema debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes todos los derechos reconocidos para los demás seres humanos pero, además, debe garantizar la protección especial que se les debe suministrar en razón de su edad y etapa de desarrollo, conforme a los objetivos principales del sistema de justicia juvenil: la rehabilitación de los niños y su formación integral y reinserción social a fin de permitirles cumplir un papel constructivo en la sociedad. A continuación, recuerda que en algunos países de América –como en algunos de los EE.UU., además de Trinidad y Tobago o Granada– los menores pueden ser imputados penalmente a partir de los 7 años; y en Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, con 8; en Bahamas, Guyana y Surinam, a los 10; y en Barbados, con 11; edades que se encuentran por debajo del umbral mínimo que recomienda el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a efectos de responsabilidad penal (no es internacionalmente aceptable una edad mínima inferior a los 12 años).
Tras afirmar que los sistemas de justicia
juvenil americanos deben ser respetuosos con los principios jurídicos
específicos que se aplican a las personas menores de edad –en especial, los
principios de legalidad y de excepcionalidad– y que esta justicia ha de estar
especializada, con leyes, procedimientos, autoridades e instituciones
específicos para los niños, niñas y adolescentes; comienza un durísimo
repaso de la situación.
La Comisión muestra su preocupación porque
los sistemas de justicia juvenil del continente
se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización
y el abuso de las medidas de privación de libertad; asimismo, ha
recabado muestras de que, en ocasiones, los menores son objeto de abuso o
privados de sus derechos sociales y económicos, por lo que son
sistemáticamente criminalizados o penalizados por su situación y
sometidos al sistema de justicia juvenil sin haber infringido la ley
penal.
El informe considera que el contacto
inicial de los niños, niñas y adolescentes con el sistema de justicia
juvenil a través de la policía es con frecuencia muy traumático. La
policía a menudo los trata en forma discriminatoria, arrestando
selectivamente a los más pobres y a los pertenecientes a minorías, o a los que,
por su apariencia, son considerados miembros de ciertos
grupos (pandillas).
Finalmente, entre otras preocupaciones, se
examina que los castigos corporales, el aislamiento, el consumo
obligatorio de estupefacientes y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes
siguen siendo aplicados como medidas disciplinarias con respecto a los
niños, niñas y adolescentes privados de libertad en las Américas, a pesar de
estar estrictamente prohibidos por el derecho internacional de los derechos
humanos y que, en muchos Estados no se cuenta con mecanismos para la
presentación de quejas ni para la supervisión independiente de la situación
de los niños, niñas y adolescentes acusados de infringir leyes penales o
privados de su libertad y, en aquellos Estados donde existen estos mecanismos,
su financiamiento por lo general impide que funcionen de manera
efectiva.
