La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente cumplió 7 años de vigencia, y
uno de sus postulados más emblemáticos es que rebajó la edad de
imputabilidad de 16 a 14 años.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente cumplió 7 años de
vigencia, y uno de sus postulados más emblemáticos es que rebajó la edad
de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que ha significado que una
fracción importante de menores que antes no enfrentaban la justicia
penal, hoy sí tienen responsabilidad por sus delitos.
Sin embargo, siempre habrá casos que quedarán fuera de la justicia
penal, porque en Chile, como en el resto del mundo, se ha considerado
que existen conductas infanto-juveniles que deben ser abordadas por
otros medios, quizás desde una mirada más social y familiar, que
judicial. Lamentablemente sigue pendiente la promulgación de una ley de
protección de los derechos de la infancia, que regule mejor la situación
de los menores inimputables que cometen actos delictuales, y cuya
tramitación en el Congreso simplemente no ha registrado avances.
Además, nos recuerda que la respuesta penal por sí sola es incapaz de
hacerse cargo de la totalidad del problema criminal que involucra a
adolescentes y jóvenes, ya que por prolija que sea, siempre habrá casos
en que la intervención debe seguir otra vía.
Existen metodologías de prevención validadas que intervienen sobre
los factores protectores y de riesgo, y que logran interrumpir el
desarrollo de una trayectoria criminal, que pueden activarse cuando el
niño/a entra en conflicto con la justicia. Adicionalmente, la prevención
social dirigida a los niños/as más vulnerables, sus familias y los
barrios que habitan resulta pertinente.
Para los jóvenes de entre 14 y 17 años rige el nuevo sistema de
justicia juvenil, cuya implementación ha significado al país una
millonaria inversión y que contempla sanciones diversas, desde la
amonestación hasta la privación total de libertad.
Y transcurridos 7 años desde la puesta en marcha de esta nueva
institucionalidad, es pertinente que la ciudadanía conozca los
resultados (problemas y beneficios) que esta normativa ha generado,
pensando para ello que sería muy oportuna una acción pública donde se
informara sobre esta materia, donde se desmitificarán muchas cosas que
se dicen en torno a la delincuencia juvenil, y se detallara la realidad
que hoy enfrentan los adolescentes y jóvenes que están siendo juzgados
con esta nueva ley.
Más que una cuenta pública, más enriquecería este debate el poder
hacer un ferviente llamado a las familias a adoptar un rol más
protagónico en la crianza y formación de sus hijos/as, ya que no basta
una ley, por buena, regular o mala que sea, para poder resolver
problemas que por lo general se gestan precisamente en el seno familiar,
en el entorno habitacional de los niños/as y adolecentes, y que a veces
deben ser enfrentados exclusivamente por las instituciones, generando
una sensación de crisis familiar o dicho de otra forma, la sensación de
que las familias simplemente no se responsabilizan de la misión propia y
exclusiva que recae sobre sus hombros y que a nadie más pueden endosar.
Fuente: http://www.eldivisadero.cl
