Según estudio citado por referente del sí a la baja, baja en edad de
imputabilidad reduciría delitos pero aumentaría la reincidencia.
El referente en temas de seguridad de Pedro Bordaberry, Guillermo
Maciel, habló sobre la baja de la edad de imputabilidad en una
entrevista publicada con la diaria (http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/9/la-ley-y-el-orden/),
y citó una investigación “que sostiene que la reforma reduciría 35% la
delincuencia juvenil”, según señaló. Lo que no dijo fue que ese mismo
estudio aclara que “juzgar y condenar a los jóvenes infractores como
adultos aumenta la probabilidad de reincidencia” en el largo plazo. La
investigación, del economista Ignacio Munyo, fue publicada en 2012 por
el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).
El economista dice que “el verdadero partido se juega en la
rehabilitación”, y alega que si el joven infractor es encarcelado, la
rebaja de delitos es inmediata, pero que a largo plazo “la cura podría
ser peor que la enfermedad” si aprende nuevas habilidades para
delinquir, porque éstas lo llevarían a reincidir.
La investigación señala múltiples determinantes de la delincuencia
juvenil y menciona cuáles son las causas de su aumento y qué medidas se
pueden tomar para revertir la situación. También explica que la
delincuencia puede ser considerada una respuesta racional de los
adolescentes, ya que “el beneficio asociado al delito creció muy por
encima del retorno de las actividades legales”.
Por un lado, plantea que, por ejemplo, ser varón y el contexto
familiar ejercen una influencia relevante, “ya que una errática
disciplina parental, la falta de adecuada supervisión y el rechazo
maternal están fuertemente vinculados con la participación futura en
actividades delictivas”. Por otro, afirma que 86% del crecimiento de la
delincuencia juvenil en Uruguay a partir de 1997 se explica por “la
crisis del sistema educativo”, por algunas consecuencias de la
aprobación, en setiembre de 2004, del Código de la Niñez y la
Adolescencia (CNA), los escapes de los establecimientos de internación
de adolescentes infractores, y la “epidemia” de la pasta base.
“La baja calidad de la educación” deja “a una proporción relevante de
jóvenes con niveles de formación que les impiden insertarse en la
economía formal”, sostiene.
Otro de los ejes que analiza el estudio son las consecuencias de la
aplicación del CNA. “En particular, medidas como la despenalización de
la tentativa y la complicidad en el delito de hurto y el hecho de que
los jueces no deban considerar los agravantes en los delitos cometidos
por adolescentes redujeron 50% la duración promedio de las medidas
cautelares privativas de libertad”, indica. Además, aclara que el Código
“le dio a los jueces la potestad de decidir si iniciar o no un
procedimiento judicial cada vez que son notificados por la Policía” y
que “en promedio los jueces deciden no iniciar un proceso judicial -y
por ende dejar automáticamente en libertad- a cerca del 40% de los
adolescentes detenidos”. La nueva norma también redujo a la mitad las
penas, y determinó, según Munyo, una baja de 10% a 6% de la probabilidad
efectiva de ser aprehendidos.
Según la investigación, un tercer factor que explica la evolución de
la delincuencia juvenil son los escapes de los establecimientos de
internación de adolescentes infractores. “La probabilidad de fuga de los
hogares del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU] creció
desde niveles cercanos al 10% en 1997 hasta niveles del entorno del 40%
en 2010”.
Por último, analiza el efecto de la pasta base de cocaína; concluye
que juega un rol importante pero no es el único factor ni el
fundamental. La investigación cita un estudio de la Junta Nacional de
Drogas que alega que “el 10% de la población adolescente proveniente de
hogares con alta vulnerabilidad social consume pasta base con cierta
frecuencia, y la incidencia de pasta base entre los adolescentes
internados en centros de reclusión del INAU es superior al 50%”. El
efecto de la pasta base explica 10% del incremento de la delincuencia
juvenil entre 1997 y 2010.
Si se observan los factores en conjunto, 86% del aumento de los
delitos cometidos por jóvenes queda explicado por “la crisis del sistema
educativo que, en parte, trajo como resultado que el retorno de las
actividades legales evolucione por debajo de las ganancias provenientes
del delito, una regulación que redujo la probabilidad que enfrentan los
adolescentes de ser juzgados y las penas una vez condenados, un elevado
porcentaje de fugas del INAU”.
Al finalizar el estudio presenta posibles medidas a seguir para
revertir la situación. La primera es mejorar la calidad de la educación.
La segunda es incrementar la posibilidad de aprehensión. “La evidencia
internacional sugiere que para disuadir a personas con escasa valoración
de las consecuencias futuras de sus actos y baja percepción del riesgo
es más efectivo aumentar la certeza del castigo y la magnitud de las
penas una vez que el infractor ha sido detenido”. La tercera es imponer
sanciones más severas y, por ende, modificar el Código del Niño y el
Adolescente, lo que podría traducirse en juzgar a los adolescentes de
entre 16 y 18 años de edad que cometieron delitos graves como si fueran
adultos. No obstante, señala que “tratar a los adolescentes como adultos
implicaría, entre otras cosas, una condena promedio de 15 meses en
cárceles de adultos, en lugar de 3 meses en hogares del INAU”, lo que
significaría exponerlos a “niveles sustantivamente mayores de ‘escuela
de crimen’”. “En este caso, el modelo predice una reducción del 35% de
la delincuencia juvenil” en el corto plazo, pero un incremento en las
tasas de reincidencia “una vez que los adolescentes recuperen la
libertad”. “Por un lado, las sanciones severas disuaden a potenciales
delincuentes, pero, por otro lado, los adolescentes recluidos
generalmente incrementan sus habilidades para delinquir y padecen grados
significativos de estigmatización social que reducen las posibilidades
de una exitosa reinserción laboral”, evalúa Munyo. Para finalizar,
propone también medidas alternativas a la reclusión, como la
implantación de pulseras electrónicas de seguimiento.
Fuente: http://ladiaria.com.uy
