Por Andrés Mahnke M.
Al igual que buena parte de la sociedad, con su frase sobre la
necesidad de crear cárceles para niños, Francisco de la Maza, alcalde de
Las Condes, cerró los ojos frente a una realidad que tiene décadas de
historia: la existencia de niños y niñas privados de libertad en nuestro
país.
No sólo a partir de la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescente
(LRPA), sino desde mucho antes, bajo el superado modelo del
discernimiento, se ha encarcelado a niños como respuesta a sus hechos
delictivos. Que se la haya denominado centro, cárcel, sección o recinto
es irrelevante.
De acuerdo con nuestros datos, entre 2008 y 2014 se dictaron más de 2
mil 600 condenas de internación en régimen cerrado y sobre 14 mil
internaciones provisorias a niños de entre 14 y 17 años, y sólo a fines
de 2014 había mil 71 jóvenes encerrados, repartidos entre los centros
del Sename y las secciones juveniles de Gendarmería. Por eso impresiona
tanto el llamado a crear algo que existe desde hace mucho tiempo y en la
magnitud indicada.
Dicho esto y próximos a cumplir ocho años de vigencia la nueva
justicia juvenil, parece oportuno intentar consensuar cuáles son los
déficits del sistema, pero más importante aún, las razones de fondo de
tales problemas.
Pese a los esfuerzos desarrollados, los recursos invertidos para
lograr el desistimiento del delito mediante la inserción social de los
adolescentes son aún insuficientes. El mayor problema sigue siendo uno
de aplicación de la ley penal juvenil. Por eso es muy importante
reformar el funcionamiento de las instituciones llamadas a aplicarla,
más que pretender soluciones que no son tales, como es endurecer los
castigos bajo una justificación resocializadora.
Por ejemplo, la ley ya dice que se debe garantizar a los jóvenes
encarcelados el acceso a la educación formal, a tratamientos de salud
mental, a programas de formación y preparación laboral, entre otros. Lo
que ocurre es que la brecha entre la letra de la ley y la realidad sigue
siendo muy profunda.
Por ello, es positivo que en la reciente cuenta pública del Ejecutivo, a nivel sectorial el Ministerio de Justicia haya comprometido el envío antes de fin de año de la reforma al sistema de justicia juvenil, cuyos componentes centrales son la creación del Servicio de Reinserción Social de Adolescentes a partir de un modelo de intervención moderno y el diseño de un circuito judicial para adolescentes, con fiscales, jueces y defensores especializados, todas reformas con las que estamos profundamente comprometidos.
Es a través de medidas como éstas donde se debe apostar a buscar
mejoras en los resultados del sistema, discutiendo con toda la evidencia
posible los caminos a seguir y respetando siempre la dignidad personal
del niño.
Estamos convencidos de que no sólo es más humano, sino además más efectivo, evitar lo más posible el uso de la cárcel y fortalecer los mecanismos de inserción social para los adolescentes.
Negar la existencia de niños encarcelados es cerrar los ojos y preferir la ceguera ante la incómoda pregunta que debiera hacerse la sociedad, sobre si ha servido de algo encarcelarlos durante todos estos años.
Fuente: www.elmostrador.cl
