Sólo el 5% de los menores de edad que han
delinquido en Málaga están privados de libertad en régimen cerrado,
según los datos hechos públicos ayer por la Consejería de Justicia e
Interior en la reunión que mantuvo el titular de esta cartera, Emilio de
Llera, en la ciudad con las entidades que trabajan con estos jóvenes
infractores en Andalucía Oriental.
Así, en Málaga se están
ejecutando por parte de la Junta de Andalucía un total de 1.700 medidas
dictadas por los tres juzgados de Menores con el fin de reeducar y
reinsertar a los jóvenes delincuentes. De éstas, 500 de las medidas de
ejecución son de internamiento y 1.200 de régimen abierto.
Las
medidas que conllevan privación de libertad sólo son de régimen cerrado
en un 5% de los casos, mientras que el resto de decisiones judiciales
suponen penas de régimen semiabierto e internamiento durante el fin de
semana.
Málaga cuenta en total con un centro de internamiento y
ocho servicios y recursos para las medidas judiciales en medio abierto.
La mayor parte de los menores que han delinquido tienen entre 16 y 17
años y los delitos más frecuentes son contra el patrimonio, la libertad y
el orden público.
Andalucía tiene un total de 776 plazas
distribuidas en 15 centros. De Llera tasó en 77,7 millones de euros el
dinero destinado a estas políticas que son prioritarias, dijo, «para la
reeducación» de estos justiciables.
El consejero también alertó
ayer sobre el importante aumento de los delitos de maltrato
intrafamiliar cometidos por menores en la comunidad, y abogó por la
prevención y la educación para evitar este tipo de agresiones en el seno
de las familias.
De este problema ya han alertado prácticamente
todas las memorias judiciales existentes. De Llera mostró ayer su
preocupación por este problema en la reunión con estas entidades.
«Debemos
adoptar medidas preventivas tanto en los centros educativos como en las
propias familias para evitar que estas situaciones lleguen a los
juzgados por el drama que suponen», precisó. El consejero añadió que su
departamento y los profesionales que trabajan con estos chicos van a
hacer un estudio en profundidad sobre este fenómeno con el fin de
adoptar las medidas más acertadas que pongan freno al número creciente
de este tipo de delitos.
La génesis del comportamiento delictivo
de los menores de edad estaría, según el también fiscal, en que «existe
una falta de atención a estos jóvenes, y la sociedad no los está
educando bien, ya que los padres a veces no saben decir no a sus hijos y
no les ponen límites, lo que provoca que se conviertan primero en unos
pequeños tiranos y luego en unos grandes tiranos».
Así, trasladó a
los responsables de las entidades de justifica juvenil el contenido de
un nuevo decreto regulador de los centros de internamiento de la Junta
de Andalucía. La norma, aprobada en Consejo de Gobierno, incluye nuevos
programas para la atención de las necesidades específicas de los menores
infractores y el refuerzo de la cualificación de los profesionales que
trabajan para la reeducación y reinserción de los mismos, «finalidad
primordial de estos recursos», apuntó.
«Cuando un menor comete una
infracción penal», explicó De Llera, «suele tratarse de un accidente en
su vida. Tenemos que lograr que lo superen y recuperarlos para la
sociedad». En este sentido, el consejero reconoció el compromiso y la
buena gestión de las entidades que trabajan con la Junta en la
reeducación y reinserción de los menores que cumplen una medida judicial
en la región y puso de relieve su dedicación y profesionalidad. Casi
2.000 personas se dedican a esta tarea.
De Llera valoró los
resultados del sistema de justicia juvenil de Andalucía, donde cerca de
9.000 menores infractores cumplen medidas judiciales en medio abierto y
cerrado para su resocialización y reeducación. A su juicio, el sistema
es un referente en España con unos índices de reinserción y no
reincidencia de los infractores que alcanza el 80%, lo que le ha
supuesto incluso un reconocimiento del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), que incluso le otorgó el Premio a la Calidad de la
Justicia, debido a la gestión de la Junta en esta materia.
Fuente: http://www.laopiniondemalaga.es
