La política de reinserción en la sociedad tiene serias deficiencias que analizamos en este informe.
Hasta los años setenta, si un niño se portaba mal en clase, la profesora tenía plena libertad de usar una regla de madera y golpearlo en la mano. Se pensaba que esta firmeza era la mejor manera de educar a un niño. Sin embargo, quienes empleaban estos métodos no tomaban en cuenta sus efectos negativos para el desarrollo futuro de los menores.
Hoy, en el Perú, la idea de mano dura con los jóvenes sigue vigente, y
sus consecuencias se hicieron ver el domingo pasado, cuando un grupo de
internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima
–más conocido como Maranguita– se amotinó en protesta por las
condiciones en las que viven y por los abusos físicos a los que son
sometidos.
A raíz de ello, en esta oportunidad analizaremos cuáles son los
principales problemas que enfrentan los centros juveniles cerrados en el
país. Esto es, aquellos en los que los adolescentes que cometen
infracciones son internados.
LA LEY
En el Perú, la ley es clara: los menores de edad no cometen
delitos, sino infracciones. Y, por ello, tienen que ser recluidos en un
centro especial y no en un penal.
Esta política es respaldada por la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, de la que el Perú es parte. La razón detrás de esta
es que el menor necesita una atención especializada, dado que no ha
alcanzado el nivel de madurez emocional y psicológica de un adulto. Así,
la convención establece que si un menor es juzgado y considerado
culpable de una infracción, solo debe recurrirse a su internamiento como
último recurso y nunca en las mismas prisiones que las personas
adultas.
Por esta razón, muchas pandillas y extorsionadores suelen recurrir a
menores y valerse de ellos para cometer sus crímenes. El año pasado, El
Comercio reportó una operación policial que puso al descubierto cómo
diversas bandas criminales reclutaban adolescentes y los entrenaban en
terrenos que fungían de ‘escuelas para sicarios’. Un caso similar
ocurrió este miércoles, cuando la policía desarticuló una banda en San
Juan de Lurigancho que tenía entre sus integrantes a dos menores de
edad.
ESPACIO
Uno de los principales problemas que enfrentan los centros
juveniles cerrados es la sobrepoblación. En los últimos 8 años, el
número de internos ha aumentado en más del 100%, y actualmente son 1.869
los jóvenes recluidos en estos centros. De los nueve que existen en el
país, siete exceden su capacidad.
JUECES
La sobrepoblación se debe no solo a la falta de infraestructura, sino también a las deficiencias del sistema judicial.
Pese a que hay alternativas menos extremas –y más eficientes– que el
internamiento, como el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) –el
cual brinda al adolescente un tratamiento personalizado, programas de
formación en educación técnico-productiva e incluso cuenta con una
escuela de padres–, su capacidad de atención es insuficiente. Por ello,
muchas veces los jueces optan por dictar sentencias privativas de la
libertad.
Por otro lado, la presión mediática y política para que se impongan
sanciones drásticas juega un importante papel en las decisiones de los
jueces. Según la última encuesta de Ipsos en Lima, el 95% de personas
encuestadas considera que los adolescentes que cometen un robo con
violencia deben cumplir las mismas penas que los mayores de edad.
En octubre del año pasado, Enrique Mendoza –quien en ese momento era
presidente del Poder Judicial– propuso reducir de 18 a 16 años la edad
mínima para ser encarcelado en un penal de adultos. Unicef, sin embargo,
indicó que la experiencia en otros países demuestra que estas medidas
no solucionan el problema de fondo de la delincuencia juvenil e incluso
podrían tener consecuencias adversas.
Por otro lado, en el Perú los jueces no están debidamente capacitados
para tratar casos de índole juvenil. Los juzgados responsables de estos
asuntos deberían estar a cargo de profesionales especializados en el
tema y contar con equipos interdisciplinarios formados por abogados,
psicólogos y trabajadores sociales que los asesoren en la toma de
decisiones. En nuestro país estos equipos casi no existen, y los jueces
tienen un amplio margen de discreción al momento de aplicar la ley.
PRESUPUESTO
Otro punto débil de los centros juveniles cerrados es su falta de personal capacitado. Si bien es cierto que el presupuesto destinado a estos centros se ha incrementando paulatinamente (mientras en el 2007 era de S/.17’835.000, en el 2015 se aumentó a S/.34’982.167), este equivale solo a un tercio de lo que Chile asigna a estos fines.
Otro punto débil de los centros juveniles cerrados es su falta de personal capacitado. Si bien es cierto que el presupuesto destinado a estos centros se ha incrementando paulatinamente (mientras en el 2007 era de S/.17’835.000, en el 2015 se aumentó a S/.34’982.167), este equivale solo a un tercio de lo que Chile asigna a estos fines.
Mientras que los parámetros del sistema de reinserción social
establecen que debería haber un psicólogo por cada 30 internos, en 5 de
los 9 centros juveniles hay, en promedio, solamente un psicólogo por
cada 100 jóvenes. En países como España el número de profesionales es
mucho más alto, tanto que se cuenta con 6 o 7 por adolescente, y en
Chile los psicólogos y asistentes sociales realizan un trabajo en duplas
con cada uno de los jóvenes.
SEGURIDAD
El incendio provocado por los internos de Maranguita la semana
pasada es una de las tantas manifestaciones de la débil seguridad en los
centros juveniles.
Al igual que en el área psicológica, el número de agentes de
seguridad es escaso. Según la Defensoría del Pueblo, en el 2013 en
Maranguita solamente había un efectivo policial por cada 31
adolescentes. El Comercio quiso obtener la cifra actualizada, pero no
consiguió respuesta del Estado.
Recordemos lo ocurrido en el 2012: trece jóvenes, liderados por el
conocido ‘Gringasho’, atacaron a los empleados y huyeron. En menos de 24
horas, catorce internos más escaparon.
En el 2013, 12 adolescentes fugaron del centro juvenil de Pucallpa y,
ese mismo año, 15 internos del centro juvenil de Chiclayo huyeron.
EL MUNDO REAL
Una de las formas para medir la eficacia de la labor de
reinserción social que realizan estos centros es mediante los índices de
reincidencia. Si nos detenemos a observar el número de los
reincidentes, este es menor al 8%, lo que podría ser interpretado como
algo positivo.
Sin embargo, esta cifra solo nos permite saber cuántos de los menores
que salieron no volvieron a delinquir antes de cumplir los 18 años; es
decir, mientras estaban bajo la lupa de la Gerencia de Centros Juveniles
del Poder Judicial.
El problema de fondo es que no hay cómo medir cuántos de estos
jóvenes vuelven a cometer un delito después de los 18 años, ya que el
INPE (encargado de los penales para adultos) no cruza información con el
Poder Judicial.
LOS EFECTOS
Cientos de estudios demuestran que los centros juveniles cerrados tienen resultados negativos en cuanto a la resocialización de los adolescentes. La data muestra un mayor consumo de drogas, crecientes niveles de violencia y una menor reinserción escolar y laboral en estos jóvenes que los tratados en medios abiertos, como el SOA
Cientos de estudios demuestran que los centros juveniles cerrados tienen resultados negativos en cuanto a la resocialización de los adolescentes. La data muestra un mayor consumo de drogas, crecientes niveles de violencia y una menor reinserción escolar y laboral en estos jóvenes que los tratados en medios abiertos, como el SOA
.
Según Óscar Vásquez, especialista en justicia juvenil restaurativa,
el internamiento puede generar un profundo impacto emocional negativo en
los jóvenes, ya que “estos están en proceso de formación, y estar mucho
tiempo privados de libertad repercute casi inevitablemente en su
futuro. Por eso, en esta importante etapa, las medidas deben ser las
menos gravosas”. En consecuencia, es fundamental que se recurra al
internamiento únicamente para casos de infracciones muy graves.
