jueves, 20 de agosto de 2015

Perú: Los pro y contra de reducir edad penal para combatir sicariato juvenil

¿Se debe reducir la edad de responsabilidad penal de los menores de edad, para poder juzgarlos como adultos, cuando cometan delito de sicariato o asesinato a sueldo?

El tema fue puesto nuevamente a debate esta semana por el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quien dijo que hay una necesidad de que el tema sea discutido, y ver, por ejemplo, si sicarios de 15 a 17 años deben ser tratados penalmente como menores.

Al respecto, el exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, se mostró a favor de este cambio, mientras que para Verónica Henry, del programa de Justicia Juvenil Restaurativa, sería un error, pues no solucionaría el problema de la criminalidad adolescente.

Si bien respalda este cambio, el mencionado general en retiro admitió que se trata de un tema complejo de implementar, pues habría la necesidad de modificar el Código del Niño y Adolescente, enfrentar a toda una oposición ideológica, aparte de denunciar los tratados internacionales suscritos por Perú en la materia.

Como una alternativa, propuso modificar la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, promulgada en agosto del 2013, para que en los delitos de homicidio calificado y extorsión, la pena se aplique por igual para todo infractor no menor de 15 años.

El problema, de acuerdo a Pérez Rocha, es que habría la voluntad del gobierno de independizar el delito de sicariato, y eso lo hace más complicado.

Pérez Rocha reconoció que endurecer las penas para los sicarios adolescentes tampoco es la solución definitiva, pero sí contribuye a prevenir más hechos delictivos.

A su juicio, esto debe ir acompañado de una correcta política penitenciaria para delincuentes juveniles, con tratamientos y asesorías, a fin de ayudarlos a reinsertarse en la sociedad cuando cumplan sus condenas.

No es la solución

Verónica Henry, de la Fundación Tierra de Hombres, señaló que pretender juzgar a los adolescente como menores de edad, por más graves que sean sus delitos, no resuelve el problema de la criminalidad juvenil. 

Refiere que la experiencia internacional demuestra que no hay relación entre el incremento de penas y la reducción de delitos, mientras que en países como Estados Unidos, con penas de hasta cadena perpetua para adolescentes, no ha rebajado el índice de criminalidad.

La especialista señaló que Perú ya tiene una política pública en la materia, contenida en el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento al Adolescente en Conflicto con la Ley, aprobada en el 2013.

Además, destacó que ya se viene implementado un plan piloto en algunas zonas del país.

Consideró, además, como un error decir que hay impunidad, cuando es sabido que los menores son condenados a penas de hasta seis años de privación de libertad en establecimientos tipo “Maranguita”, en Lima.

En el tema del sicariato adolescente, Henry admite que definitivamente a estos adolescentes no se les puede tratar igual que al que robó una cartera, pero la respuesta debe ser un tratamiento adecuado y oportuno con sicólogos y siquiatras, porque la mayoría proviene de familias disfuncionales, con consumo de drogas.

Señaló que lamentablemente, los nueve centros juveniles que existen en el país no tienen ambientes adecuados, ni diferenciados, de acuerdo a la gravedad de los delitos, lo cual hace que jóvenes primarios convivan con muchachos de mayor peligrosidad.

Datos

En el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita) hay 840 jóvenes internos, de los cuales 497 están por robo, violación sexual (110), homicidio (77), hurto (47), tráfico de droga (43), tenencia ilegal de armas (36), lesiones (14), pandillaje (4), secuestro (2), otros (10). Fuente: Poder Judicial.

En Estados Unidos actualmente hay cerca de 3.000 menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad alguna de lograr la libertad condicional. Otros 2.500 reclusos cumplen el mismo tipo de sentencia, pero fueron condenados cuando todavía eran menores. Y otros 10.000 menores se encuentran confinados en prisiones para adultos, según informe del diario El Mundo, con cifras de la EqualJusticeInitiative (EJI).