El excesivo poder del sindicato del INAU, la inflación penal adolescente y las pocas medidas alternativas que se dictan a los adolescentes infractores. Esas fueron algunas de las preocupaciones del Comité Internacional de los Derechos del niño de la ONU respecto a Uruguay.
La semana pasada los relatores del Comité Sara Oviedo y
Jorge Cardona visitaron Uruguay. En la conferencia final, plantearon que
el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) es un sistema
de justicia juvenil represor, que no tiene centros de rehabilitación
sino cárceles de niños. Jorge Cardona sostuvo que la separación del
SIRPA de INAU es una medida positiva pero que el SIRPA tiene que cambiar
“El Sirpa necesita grandes cambios, la dirección es consciente de
ello, de que la historia reciente ha sido dramática, ha habido torturas,
tratos inhumanos y degradantes, es un sistema de justicia juvenil
represor, donde no hay centros de rehabilitación y reinserción sino que
hay cárceles para los niños”, afirmó Cardona.
“Está demostrado absolutamente que no existe ningún país en el mundo,
ninguno, en el que aplicando mano dura y estableciendo un sistema
represor a los adolescentes haya disminuido la delincuencia”, agregó.
La delegación se reunió con las autoridades del INAU. La presidenta
de la institución Marisa Lindner estaba presente en la conferencia. Allí
la relatora del Comité Sara Oviedo dijo que el peso del sindicalismo
muchas veces impide que se cumplan los derechos de los niños y pidió un
cambio de actitud.
“Se requiere definitivamente un cambio de actitud en los sindicatos
en relación con los derechos en la niñez y la adolescencia. Lo que
estamos haciendo es impidiendo en muchos casos que esos derechos se
cumplan”, sostuvo.
El año pasado la abogada Sandra Giménez, vocera de las denuncias de
las madres de 50 adolescentes recluidos, dijo que varios funcionarios
que intentaron hacer denuncias por maltratos no contaron con el apoyo
del sindicato.
El relator de Comité de Derechos del Niño, Jorge Cardona, dijo que
está comprobado que las penas alternativas a la prisión acompañadas de
políticas de reinserción han bajado la reincidencia en varios países del
mundo. Cardona cuestionó que en Uruguay las medidas alternativas son
pocas y que en los últimos años haya crecido la inflación penal.
“Uruguay ha vivido una situación de crisis que dividió a la sociedad
con el referéndum sobre la reforma para bajar la edad de responsabilidad
penal. Aunque aquello se ganó se perdieron otras batallas en el marco
del Parlamento con las reformas legislativas que aumentaron las penas,
que obligaron a los jueces sin dejarles capacidad de maniobra, a que por
determinadas penas un año tiene que pasar el niño en privación de
libertad y no pueda adoptar una medida alternativa, subir la detención
provisional de 60 a 90 días, es decir, una legislación que criminaliza
la adolescencia y aplica una mano dura y represiva en lugar de
comprender que la justicia juvenil tiene una finalidad de rehabilitación
y reinserción, que no se pretende castigar al adolescente sino
reinsertarlo en la sociedad y hacerlo cambiar”, consideró.
Cardona también cuestionó a los medios de comunicación y puso como
ejemplo la cobertura del asesinato del mozo de La Pasiva que difundió
las imágenes más de 100 veces en menos de una semana.
“Los medios de opinión pública han agrandado enormemente, han
participado de una manera clara y abrumadora estigmatizando y
criminalizando a la adolescencia”, señaló.
“Yo no digo ni el Comité pide que se aplique una ley que pueda
implicar limitar la libertad de información, pero sí hay que adoptar
medidas para que los medios de información respeten los derechos de los
niños y de cualquier persona”, agregó.
Fuente: http://www.180.com.uy
