SENAME Y LA EXPERIENCIA DE LOS CENTROS LICITADOS

Les dejo

"UN ACERCAMIENTO AL RÉGIMEN CERRADO DE SENAME Y LA EXPERIENCIA DE LOS CENTROS LICITADOS"

Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

De la Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Departamento de Ciencias Penales.

Desde la puesta en marcha de la ley 20.084, el 08 de junio del año 2007, el sistema penal destinado a los adolescentes sufrió un gran cambio. Sin embargo, existen múltiples factores que debemos analizar atendiendo al tiempo transcurrido desde su entrada en vigencia para determinar si dicha reforma surtió efectos; en segundo lugar, si estos efectos fueron los deseados y, por último, si acaso el aparato estatal diseñado para dar respuesta a la necesidad de intervenir a los menores infractores de ley ha sido una herramienta útil, efectiva y real que esté a la altura de lo que se requiere en términos de reinserción social y rehabilitación. En este sentido, además de lo establecido por la ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, momento en el cual se hace una declaración de principios de este nuevo sistema penal, se fijaron sus penas –ciertamente menos gravosas que las establecidas para adultos que cometan los mismos delitos- se da cuenta del diseño de planes de intervención y equipos multidisciplinarios que traten a los menores, con todo lo que ello implica para que los menores infractores de ley retornen a la sociedad insertos en ella. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte las críticas son muchas, y no parece ser una solución convincente y efectiva al problema de los delincuentes menores de edad. Se abordará esta problemática desde distintos puntos, buscando identificar las falencias de un sistema que nació prometiendo un nuevo trato, el cual parece haberse ido diluyendo con el tiempo, la pregunta es ¿por qué?

Link: Memoria

Uruguay: “Ningún país” frenó la delincuencia juvenil con mano dura

El excesivo poder del sindicato del INAU, la inflación penal adolescente y las pocas medidas alternativas que se dictan a los adolescentes infractores. Esas fueron algunas de las preocupaciones del Comité Internacional de los Derechos del niño de la ONU respecto a Uruguay.

La semana pasada los relatores del Comité Sara Oviedo y Jorge Cardona visitaron Uruguay. En la conferencia final, plantearon que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) es un sistema de justicia juvenil represor, que no tiene centros de rehabilitación sino cárceles de niños. Jorge Cardona sostuvo que la separación del SIRPA de INAU es una medida positiva pero que el SIRPA tiene que cambiar

“El Sirpa necesita grandes cambios, la dirección es consciente de ello, de que la historia reciente ha sido dramática, ha habido torturas, tratos inhumanos y degradantes, es un sistema de justicia juvenil represor, donde no hay centros de rehabilitación y reinserción sino que hay cárceles para los niños”, afirmó Cardona.

“Está demostrado absolutamente que no existe ningún país en el mundo, ninguno, en el que aplicando mano dura y estableciendo un sistema represor a los adolescentes haya disminuido la delincuencia”, agregó.

La delegación se reunió con las autoridades del INAU. La presidenta de la institución Marisa Lindner estaba presente en la conferencia. Allí la relatora del Comité Sara Oviedo dijo que el peso del sindicalismo muchas veces impide que se cumplan los derechos de los niños y pidió un cambio de actitud.

“Se requiere definitivamente un cambio de actitud en los sindicatos en relación con los derechos en la niñez y la adolescencia. Lo que estamos haciendo es impidiendo en muchos casos que esos derechos se cumplan”, sostuvo.

El año pasado la abogada Sandra Giménez, vocera de las denuncias de las madres de 50 adolescentes recluidos, dijo que varios funcionarios que intentaron hacer denuncias por maltratos no contaron con el apoyo del sindicato.

El relator de Comité de Derechos del Niño, Jorge Cardona, dijo que está comprobado que las penas alternativas a la prisión acompañadas de políticas de reinserción han bajado la reincidencia en varios países del mundo. Cardona cuestionó que en Uruguay las medidas alternativas son pocas y que en los últimos años haya crecido la inflación penal.

“Uruguay ha vivido una situación de crisis que dividió a la sociedad con el referéndum sobre la reforma para bajar la edad de responsabilidad penal. Aunque aquello se ganó se perdieron otras batallas en el marco del Parlamento con las reformas legislativas que aumentaron las penas, que obligaron a los jueces sin dejarles capacidad de maniobra, a que por determinadas penas un año tiene que pasar el niño en privación de libertad y no pueda adoptar una medida alternativa, subir la detención provisional de 60 a 90 días, es decir, una legislación que criminaliza la adolescencia y aplica una mano dura y represiva en lugar de comprender que la justicia juvenil tiene una finalidad de rehabilitación y reinserción, que no se pretende castigar al adolescente sino reinsertarlo en la sociedad y hacerlo cambiar”, consideró.

Cardona también cuestionó a los medios de comunicación y puso como ejemplo la cobertura del asesinato del mozo de La Pasiva que difundió las imágenes más de 100 veces en menos de una semana.

“Los medios de opinión pública han agrandado enormemente, han participado de una manera clara y abrumadora estigmatizando y criminalizando a la adolescencia”, señaló.

“Yo no digo ni el Comité pide que se aplique una ley que pueda implicar limitar la libertad de información, pero sí hay que adoptar medidas para que los medios de información respeten los derechos de los niños y de cualquier persona”, agregó.

Fuente:  http://www.180.com.uy

 

Perú: Los pro y contra de reducir edad penal para combatir sicariato juvenil

¿Se debe reducir la edad de responsabilidad penal de los menores de edad, para poder juzgarlos como adultos, cuando cometan delito de sicariato o asesinato a sueldo?

El tema fue puesto nuevamente a debate esta semana por el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quien dijo que hay una necesidad de que el tema sea discutido, y ver, por ejemplo, si sicarios de 15 a 17 años deben ser tratados penalmente como menores.

Al respecto, el exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, se mostró a favor de este cambio, mientras que para Verónica Henry, del programa de Justicia Juvenil Restaurativa, sería un error, pues no solucionaría el problema de la criminalidad adolescente.

Si bien respalda este cambio, el mencionado general en retiro admitió que se trata de un tema complejo de implementar, pues habría la necesidad de modificar el Código del Niño y Adolescente, enfrentar a toda una oposición ideológica, aparte de denunciar los tratados internacionales suscritos por Perú en la materia.

Como una alternativa, propuso modificar la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, promulgada en agosto del 2013, para que en los delitos de homicidio calificado y extorsión, la pena se aplique por igual para todo infractor no menor de 15 años.

El problema, de acuerdo a Pérez Rocha, es que habría la voluntad del gobierno de independizar el delito de sicariato, y eso lo hace más complicado.

Pérez Rocha reconoció que endurecer las penas para los sicarios adolescentes tampoco es la solución definitiva, pero sí contribuye a prevenir más hechos delictivos.

A su juicio, esto debe ir acompañado de una correcta política penitenciaria para delincuentes juveniles, con tratamientos y asesorías, a fin de ayudarlos a reinsertarse en la sociedad cuando cumplan sus condenas.

No es la solución

Verónica Henry, de la Fundación Tierra de Hombres, señaló que pretender juzgar a los adolescente como menores de edad, por más graves que sean sus delitos, no resuelve el problema de la criminalidad juvenil. 

Refiere que la experiencia internacional demuestra que no hay relación entre el incremento de penas y la reducción de delitos, mientras que en países como Estados Unidos, con penas de hasta cadena perpetua para adolescentes, no ha rebajado el índice de criminalidad.

La especialista señaló que Perú ya tiene una política pública en la materia, contenida en el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento al Adolescente en Conflicto con la Ley, aprobada en el 2013.

Además, destacó que ya se viene implementado un plan piloto en algunas zonas del país.

Consideró, además, como un error decir que hay impunidad, cuando es sabido que los menores son condenados a penas de hasta seis años de privación de libertad en establecimientos tipo “Maranguita”, en Lima.

En el tema del sicariato adolescente, Henry admite que definitivamente a estos adolescentes no se les puede tratar igual que al que robó una cartera, pero la respuesta debe ser un tratamiento adecuado y oportuno con sicólogos y siquiatras, porque la mayoría proviene de familias disfuncionales, con consumo de drogas.

Señaló que lamentablemente, los nueve centros juveniles que existen en el país no tienen ambientes adecuados, ni diferenciados, de acuerdo a la gravedad de los delitos, lo cual hace que jóvenes primarios convivan con muchachos de mayor peligrosidad.

Datos

• En el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita) hay 840 jóvenes internos, de los cuales 497 están por robo, violación sexual (110), homicidio (77), hurto (47), tráfico de droga (43), tenencia ilegal de armas (36), lesiones (14), pandillaje (4), secuestro (2), otros (10). Fuente: Poder Judicial.

• En Estados Unidos actualmente hay cerca de 3.000 menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad alguna de lograr la libertad condicional. Otros 2.500 reclusos cumplen el mismo tipo de sentencia, pero fueron condenados cuando todavía eran menores. Y otros 10.000 menores se encuentran confinados en prisiones para adultos, según informe del diario El Mundo, con cifras de la EqualJusticeInitiative (EJI).

 

Fuente: http://www.andina.com.pe

 

 

 

 

 

Perú: Los problemas de los centros de reinserción juvenil (INFORME)

La política de reinserción en la sociedad tiene serias deficiencias que analizamos en este informe.

Hasta los años setenta, si un niño se portaba mal en clase, la profesora tenía plena libertad de usar una regla de madera y golpearlo en la mano. Se pensaba que esta firmeza era la mejor manera de educar a un niño. Sin embargo, quienes empleaban estos métodos no tomaban en cuenta sus efectos negativos para el desarrollo futuro de los menores.  

Hoy, en el Perú, la idea de mano dura con los jóvenes sigue vigente, y sus consecuencias se hicieron ver el domingo pasado, cuando un grupo de internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima –más conocido como Maranguita– se amotinó en protesta por las condiciones en las que viven y por los abusos físicos a los que son sometidos.

A raíz de ello, en esta oportunidad analizaremos cuáles son los principales problemas que enfrentan los centros juveniles cerrados en el país. Esto es, aquellos en los que los adolescentes que cometen infracciones son internados.

LA LEY En el Perú, la ley es clara: los menores de edad no cometen delitos, sino infracciones. Y, por ello, tienen que ser recluidos en un centro especial y no en un penal. 

Esta política es respaldada por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de la que el Perú es parte. La razón detrás de esta es que el menor necesita una atención especializada, dado que no ha alcanzado el nivel de madurez emocional y psicológica de un adulto. Así, la convención establece que si un  menor es juzgado y considerado culpable de una infracción, solo debe recurrirse a su internamiento como último recurso y nunca en las mismas prisiones que las personas adultas. 

Por esta razón, muchas pandillas y extorsionadores suelen recurrir a menores y valerse de ellos para cometer sus crímenes. El año pasado, El Comercio reportó una operación policial que puso al descubierto cómo diversas bandas criminales reclutaban adolescentes y los entrenaban en terrenos que fungían de ‘escuelas para sicarios’. Un caso similar ocurrió este miércoles, cuando la policía desarticuló una banda en San Juan de Lurigancho que tenía entre sus integrantes a dos menores de edad.

 

ESPACIO Uno de los principales problemas que enfrentan los centros juveniles cerrados es la sobrepoblación. En los últimos 8 años, el número de internos ha aumentado en más del 100%, y actualmente son 1.869 los jóvenes recluidos en estos centros. De los nueve que existen en el país, siete exceden su capacidad.

JUECES La sobrepoblación se debe no solo a la falta de infraestructura, sino también a las deficiencias del sistema judicial.  

Pese a que hay alternativas menos extremas –y más eficientes– que el internamiento, como el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) –el cual brinda al adolescente un tratamiento personalizado, programas de formación en educación técnico-productiva e incluso cuenta con una escuela de padres–, su capacidad de atención es insuficiente. Por ello, muchas veces los jueces optan por dictar sentencias privativas de la libertad.

Por otro lado, la presión mediática y política para que se impongan sanciones drásticas juega un importante papel en las decisiones de los jueces. Según la última encuesta de Ipsos en Lima, el 95% de personas encuestadas considera que los adolescentes que cometen un robo con violencia deben cumplir las mismas penas que los mayores de edad. 

En octubre del año pasado, Enrique Mendoza –quien en ese momento era presidente del Poder Judicial– propuso reducir de 18 a 16 años la edad mínima para ser encarcelado en un penal de adultos. Unicef, sin embargo, indicó que la experiencia en otros países demuestra que estas medidas no solucionan el problema de fondo de la delincuencia juvenil  e incluso podrían tener consecuencias adversas.

Por otro lado, en el Perú los jueces no están debidamente capacitados para tratar casos de índole juvenil. Los juzgados responsables de estos asuntos deberían estar a cargo de profesionales especializados en el tema y contar con equipos interdisciplinarios formados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales que los asesoren en la toma de decisiones. En nuestro país estos equipos casi no existen, y los jueces tienen un amplio margen de discreción al momento de aplicar la ley. 

PRESUPUESTO
Otro punto débil de los centros juveniles cerrados es su falta de personal capacitado. Si bien es cierto que el presupuesto destinado a estos centros se ha incrementando paulatinamente (mientras en el 2007 era de S/.17’835.000, en el 2015 se aumentó a S/.34’982.167), este equivale solo a un tercio de lo que Chile asigna a estos fines.

Mientras que los parámetros del sistema de reinserción social establecen que debería haber un psicólogo por cada 30 internos, en 5 de los 9 centros juveniles hay, en promedio, solamente un psicólogo por cada 100 jóvenes. En países como España el número de profesionales es mucho más alto, tanto que se cuenta con 6 o 7 por adolescente, y en Chile los psicólogos y asistentes sociales realizan un trabajo en duplas con cada uno de los jóvenes.

SEGURIDAD El incendio provocado por los internos de Maranguita la semana pasada es una de las tantas manifestaciones de la débil seguridad en los centros juveniles.

Al igual que en el área psicológica, el número de agentes de seguridad es escaso. Según la Defensoría del Pueblo, en el 2013 en Maranguita solamente había un efectivo policial por cada 31 adolescentes. El Comercio quiso obtener la cifra actualizada, pero no consiguió respuesta del Estado.

Recordemos lo ocurrido en el 2012: trece jóvenes, liderados por el conocido ‘Gringasho’, atacaron a los empleados y huyeron. En menos de 24 horas, catorce internos más escaparon.

En el 2013, 12 adolescentes fugaron del centro juvenil de Pucallpa y, ese mismo año, 15 internos del centro juvenil de Chiclayo huyeron. 

EL MUNDO REAL Una de las formas para medir la eficacia de la labor de reinserción social que realizan estos centros es mediante los índices de reincidencia. Si nos detenemos a observar el número de los reincidentes, este es menor al 8%, lo que podría ser interpretado como algo positivo.

Sin embargo, esta cifra solo nos permite saber cuántos de los menores que salieron no volvieron a delinquir antes de cumplir los 18 años; es decir, mientras estaban bajo la lupa de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial.

El problema de fondo es que no hay cómo medir cuántos de estos jóvenes vuelven a cometer un delito después de los 18 años, ya que el INPE (encargado de los penales para adultos) no cruza información con el Poder Judicial.

LOS EFECTOS
Cientos de estudios demuestran que los centros juveniles cerrados tienen resultados negativos en cuanto a la resocialización de los adolescentes. La data muestra un mayor consumo de drogas, crecientes niveles de violencia y una menor reinserción escolar y laboral en estos jóvenes que los tratados en medios abiertos, como el SOA

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Según Óscar Vásquez, especialista en justicia juvenil restaurativa, el internamiento puede generar un profundo impacto emocional negativo en los jóvenes, ya que “estos están en proceso de formación, y estar mucho tiempo privados de libertad repercute casi inevitablemente en su futuro. Por eso, en esta importante etapa, las medidas deben ser las menos gravosas”. En consecuencia, es fundamental que se recurra al internamiento únicamente para casos de infracciones muy graves.

Fuente: http://elcomercio.pe




 

La mitad de los trastornos psiquiátricos aparecen por primera vez antes de los 14 años

La mitad de los trastornos psiquiátricos aparecen por primera vez antes de los 14 años y más del 70 por ciento comienzan antes de los 18 años, según los datos de la Sociedad Europea de Psiquiatría Infantil y Adolescente (ESCAP), que del 20 al 24 de junio celebra su 16 congreso internacional en Madrid.

La trascendencia de la psiquiatría infantil y juvenil se refleja en que uno de cada ocho menores de 18 años presenta trastornos mentales y uno de cada cinco padecerá a lo largo de su vida un problema de desarrollo emocional o de conducta.

Por eso, los principales retos de las líneas de investigación actuales se centran en la prevención y la detección temprana de estos trastornos, posibilitando que los resultados de esos estudios tengan una aplicación clínica.

Cada vez son más las consultas que se realizan debido a niños y adolescentes que sufren trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión o trastornos por déficit de atención, y prevenir las causas de estos trastornos en una fase temprana es fundamental no sólo para que su calidad de vida durante la infancia y la adolescencia sea óptima, sino sobre todo para su vida futura.

Además, los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes requieren un abordaje especializado, principalmente porque se trata de personas en fase de desarrollo que deben ser tratadas con especial atención y cuidado, de forma diferente a como se enfocan las terapias y tratamientos con adultos.

Reducir la brecha entre la investigación y la práctica clínica

Para Josefina Castro-Fornieles, Presidenta del Programa Científico del Congreso ESCAP 2015, psiquiatra de niños y adolescentes y Directora del Instituto Clínico de Neurociencias (que engloba el Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil) del Hospital Clínico de Barcelona, hay que "reducir la brecha" que existe entre la investigación y la práctica clínica.

"Hay un reconocimiento internacional progresivo de la importancia de la investigación en psiquiatría infantil y adolescente, dado que en estas edades es posible estudiar los diferentes trastornos sin que influyan los años de evolución o tratamientos sucesivos. Sin embargo, existe una amplia brecha entre la práctica habitual y la investigación", ha destacado.

Para esta experta, la clave está en abordar la Psiquiatría infantil y adolescente de manera interdisciplinar, con aportaciones de la Pediatría, Psicología, Enfermería, departamentos de atención a la infancia, justicia juvenil, etc.

Fuente: http://www.teinteresa.es




 

La ceguera frente a los niños encarcelados

Por Andrés Mahnke M.

Al igual que buena parte de la sociedad, con su frase sobre la necesidad de crear cárceles para niños, Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes, cerró los ojos frente a una realidad que tiene décadas de historia: la existencia de niños y niñas privados de libertad en nuestro país. 

No sólo a partir de la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescente (LRPA), sino desde mucho antes, bajo el superado modelo del discernimiento, se ha encarcelado a niños como respuesta a sus hechos delictivos. Que se la haya denominado centro, cárcel, sección o recinto es irrelevante. 

De acuerdo con nuestros datos, entre 2008 y 2014 se dictaron más de 2 mil 600 condenas de internación en régimen cerrado y sobre 14 mil internaciones provisorias a niños de entre 14 y 17 años, y sólo a fines de 2014 había mil 71 jóvenes encerrados, repartidos entre los centros del Sename y las secciones juveniles de Gendarmería. Por eso impresiona tanto el llamado a crear algo que existe desde hace mucho tiempo y en la magnitud indicada.

Dicho esto y próximos a cumplir ocho años de vigencia la nueva justicia juvenil, parece oportuno intentar consensuar cuáles son los déficits del sistema, pero más importante aún, las razones de fondo de tales problemas.

Pese a los esfuerzos desarrollados, los recursos invertidos para lograr el desistimiento del delito mediante la inserción social de los adolescentes son aún insuficientes. El mayor problema sigue siendo uno de aplicación de la ley penal juvenil. Por eso es muy importante reformar el funcionamiento de las instituciones llamadas a aplicarla, más que pretender soluciones que no son tales, como es endurecer los castigos bajo una justificación resocializadora. 

Por ejemplo, la ley ya dice que se debe garantizar a los jóvenes encarcelados el acceso a la educación formal, a tratamientos de salud mental, a programas de formación y preparación laboral, entre otros. Lo que ocurre es que la brecha entre la letra de la ley y la realidad sigue siendo muy profunda.

Por ello, es positivo que en la reciente cuenta pública del Ejecutivo, a nivel sectorial el Ministerio de Justicia haya comprometido el envío antes de fin de año de la reforma al sistema de justicia juvenil, cuyos componentes centrales son la creación del Servicio de Reinserción Social de Adolescentes a partir de un modelo de intervención moderno y el diseño de un circuito judicial para adolescentes, con fiscales, jueces y defensores especializados, todas reformas con las que estamos profundamente comprometidos.

Es a través de medidas como éstas donde se debe apostar a buscar mejoras en los resultados del sistema, discutiendo con toda la evidencia posible los caminos a seguir y respetando siempre la dignidad personal del niño.

Estamos convencidos de que no sólo es más humano, sino además más efectivo, evitar lo más posible el uso de la cárcel y fortalecer los mecanismos de inserción social para los adolescentes.

Negar la existencia de niños encarcelados es cerrar los ojos y preferir la ceguera ante la incómoda pregunta que debiera hacerse la sociedad, sobre si ha servido de algo encarcelarlos durante todos estos años. 

Fuente:  www.elmostrador.cl

 

Argentina: La sociedad está adormecida ante los delitos menores y por eso no denuncia", dijo un especialista español en delito juvenil

Raúl Calvo Soler es un especialista español en el mundo del delito juvenil que trabaja en Argentina desde hace algunos años y forma parte del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, que se propone abordar y solucionar la problemática de la delincuencia a partir de la denuncia de delitos menores y evitar que los jóvenes reincidan.

El doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona habló con NA y dijo que "la sociedad está adormecida ante los delitos menores, por eso no denuncia porque cree que nadie va a hacer nada".

La sensación de "sociedad adormecida" que describe Calvo Soler es una reflexión que surgió luego de trabajar en algunos municipios del Conurbano bonaerense en la implementación del Programa Justicia Juvenil Restaurativa.

"Hay que reactivar las denuncias de los delitos de baja intensidad y no dejar que el robo de un celular se naturalice. Aquí veo que ese tipo de hechos se ha naturalizado. Por lo que creo que hay que hacer algo cuando un chico comete su primer delito, porque sino es ahí es cuando comienza la escalada hacia la delincuencia", señaló.

El experto indicó que "los chicos que hoy aprietan el gatillo ya han cometido otros delitos menores y eso ocurre porque no se realizaron acciones a tiempo".

El Programa Justicia Juvenil Restaurativa ofrece una alternativa para aquellos adolescentes que delinquen, ya que si es detectado a tiempo el joven se pueda arrepentir, acepte una forma de repararlo y participe de un programa que lo ayude a progresar socialmente.

Con el programa se busca llegar a una sanción, sortear los plazos de la justicia ordinaria y evitar fundamentalmente la reincidencia.

Los delitos que se trabajan son hurtos, daño a la propiedad, arrebatos sin violencia, peleas en la escuela, entre otros.

"No se trabaja con homicidios ni violencia de género, porque justamente lo que buscamos con la propuesta es evitar llegar a esos casos. La primera vez que un chico insulta a una chica, sea o no su novia, hay que actuar. Si llegamos a tiempo le ahorramos a la sociedad un caso de violencia de género", indicó.

Además Calvo Soler señaló que si recién vamos a denunciar el delito grave cuando esté consumado eso quiere decir que no se llegó a tiempo y "ahí si aparecen los medios de comunicación y la gente reclamando Justicia, pero antes, mientras el delito fue creciendo nadie hizo nada para evitarlo".

"Una de las grandes premisas del programa es que la sociedad se debe comprometer y denunciar porque hay un programa que va a responder. Para ello la víctima del delito menor tendrá que ser cómplice del victimario para ayudarlo a comprender lo que hizo y ayudar a que no reincida", comentó.

En Barcelona un 60 por ciento de los chicos que pasaron por el Programa no reincidieron, es decir que 6 de 10 adolescentes que cometieron delitos menores y comprendieron el mal que hicieron, no volvieron a delinquir.

Hace dos años se implementó en el municipio bonaerense de San Martín, en donde se viene trabajado intensivamente.

Y desde hace muy pocas semanas en el partido de San Isidro en donde varios profesionales de diferentes instituciones (Fiscalías, Municipio, Obispado, Colegio de Abogados, Escuelas) se están capacitando para poder implementarlo.

Con este programa los fiscales del fuero ordinario podrán optar por aplicar el sistema de "restauración" del daño en casos de contravenciones o de delitos leves cometidos o seguir con el proceso judicial normal.

Calvo Soler comentó que luego de trabajar un tiempo en el país logró detectar que existe en la sociedad "una polarización", ya que explicó que la gente piensa "o los encerramos a todos y abrimos la llave o hacemos la puerta giratoria y largamos a todos" y ante esta situación el especialista resaltó: "entre esos dos extremos hay un montón de cosas que se pueden hacer".

"Un tipo de respuesta intermedia es que la comunidad vuelva a creer en la respuesta de la Justicia en el caso de delitos de baja intensidad y se genere así una respuesta para que los jóvenes no caigan en el camino de la ilegalidad. Para eso tenemos que ir todos a las vez, porque podemos equivocarnos, pero al menos no podemos dejar de intentarlo", concluyó. 

Fuente:  www.terra.com.ar

Medición de la Reincidencia de adolescentes y jóvenes infractores de Ley del SENAME

Modelo y Medición de la Reincidencia en adolescentes y Jovenes Infractores de Ley

Fuente: www.focosocial.cl

Los niños invisibles de la calle

Más de 900 niños residen o deambulan sin hogar. La mayoría proviene de familias vulnerables. Han abandonado las caletas del río Mapocho y hoy su entorno son casas abandonadas, malls y poblaciones marcadas por la droga.

 

El reloj marca las 20.30 en punto en el albergue Miguel Magone, de la Fundación Don Bosco, en Quinta Normal. El aroma de la cena poco a poco empieza a inundar el living. Florencio Colilaf, director del recinto, mira con preocupación su celular cuando llaman a la puerta. Es J.V., de 17 años, una de las adolescentes que con frecuencia acude a pasar la noche a este recinto. 

“Cuando tenía 11 años murió mi abuelo, era mi vida. Algunos familiares me culparon por su muerte y decidí irme de la casa. No sabía a lo que iba”, relata la niña, quien, tras vivir con su madre -que cayó presa por tráfico de drogas-, y pasar por dos residencias del Servicio Nacional de Menores, decidió irse a vivir a la calle con una amiga. Tenía sólo 13 años. “Ella me llevó donde unos amigos que tenía y nos fuimos a una casona abandonada; todos tenían entre 14 y 17 años, éramos como una familia. Nos apoyábamos mucho”, cuenta J.V.

Añade otros detalles: que en esos dos años se dedicó a robar para poder subsistir. “Yo era la más chica, bien pará’, pero sé que hubo otras niñas que sufrieron abusos. No quiero volver a la calle, aquí estoy bien”, acota.

M.S. tiene 14 años. Llegó a la  misma residencia donde vive J.V. hace dos meses. Tras el fallecimiento de sus padres, cuando tenía 10 años, vivió en la itinerancia. Primero, en la casa de una tía. Luego, con otros familiares, hasta que la echaron. “Entonces me  fui a la casa de unos amigos traficantes, en Puente Alto; tuvimos una pelea, estaba volado en pastillas y nos golpeamos. Llegaron los pacos y estuve en reclusión nocturna”, relata el joven, quien desde ese entonces transita entre el hogar y la calle. Hoy está en rehabilitación.

En la actualidad, 981 niños, de entre uno y 18 años, de acuerdo a cifras del Anuario del Sename de 2014, viven en situación de calle en nuestro país. La mayoría de ellos tiene entre 14 y 16 años, y más del 59% reside en los vericuetos de la Región Metropolitana.

Paula Bedregal es jefa del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica y fue parte del Observatorio Metropolitano de niños y jóvenes en situación de calle, de la UC, en el que participaron instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social y entidades que trabajan con menores en esta realidad. Ella señala que  “hay varios fenómenos. Uno, en el que la familia completa vive en la calle, por lo tanto, el niño está en esa situación; otro tiene que ver con niños que definitivamente se van a vivir a la calle o que entran y salen de ella, principalmente a raíz de violencia intrafamiliar, abusos sexuales o negligencia. También se asocia a grupos que son excluidos socialmente; por ejemplo, niños que tienen alguna dificultad académica (…). Y están los  niños que viven en un entorno de delincuencia y de consumo de drogas”.

En cuanto a cifras, dice que “lo que sabemos está subestimado, probablemente hay más niños. Es difícil seguirles el rastro”. 

Sergio Mercado, director ejecutivo de la Fundación Vida Compartida Don Bosco -una de las tres entidades de la Región Metropolitana que cuenta con programas especializados en situación de calle (PEC)-, financiado por Sename, explica que “la mayoría tiene su primer contacto con este mundo entre los ocho y 10 años, en el caso de los niños, y a los 12 en las niñas”.

Mercado también se refiere a los cambios de hábitos de estos menores. Dice que muchos se han ido alejando de las viejas caletas del río Mapocho o de los recovecos de la Plaza de Armas. Hoy circulan más bien por malls, mercados, casas abandonadas y cerca de poblaciones.

“A estos niños se les ha invisibilizado; muchos creen que ya no existen, porque no se ven  tanto  en las caletas (en Santiago), como en los años 90, ni en las plazas. Eso no es así, están en otras partes, por ejemplo en las poblaciones, y afectos a problemáticas aún más complejas. Hoy estamos viendo, por ejemplo, fuertemente el tema de la influencia de narcotraficantes”.

Un fenómeno reciente, detectado por la Fundación Don Bosco, tiene que ver con niños provenientes de otros países. “Identificamos a cuatro hermanos peruanos, de entre ocho y 17 años. Son situaciones aún más complejas, pues ellos están ilegales. Chile no está preparado para trabajar con este tipo de casos”, sostiene Eliet Arenas, directora del PEC Padre Rodrigo Carranza, que trabaja en Puente Alto, La Pintana y San Bernardo.

PROGRAMAS

Respecto de cómo abordar esta problemática desde las políticas públicas, la directora del Sename, Marcela Labraña, señala que  la entidad cuenta con programas que apuntan a tratar el maltrato y la revinculación educativa, además de las residencias. 

“Salir de la calle no es fácil; de hecho, es una situación crónica y algunos de ellos incluso te dicen que prefieren estar ahí, porque arrancan de una situación de vulnerabilidad”. Añade que “lo importante es que el niño en situación de calle ingrese a un programa de asistencia. Hemos aumen- tado los programas integrales para estos niños”. De acuerdo a cifras del Sename, en 2014 un total de 527 niños fueron atendidos en programas PEC.

En la Fundación Don Bosco existe un diagnóstico compartido. La mayoría de estos niños no vislumbra a futuro ser un  adulto en situación de calle.  “Quiero ser contador, me encantan las matemáticas y la física. Y algún día, tener mi propia casa”, afirma M.S.

Fuente: http://www.latercera.com

 

Málaga: Sólo el 5% de los jóvenes delincuentes están privados de libertad en régimen cerrado

Sólo el 5% de los menores de edad que han delinquido en Málaga están privados de libertad en régimen cerrado, según los datos hechos públicos ayer por la Consejería de Justicia e Interior en la reunión que mantuvo el titular de esta cartera, Emilio de Llera, en la ciudad con las entidades que trabajan con estos jóvenes infractores en Andalucía Oriental.

Así, en Málaga se están ejecutando por parte de la Junta de Andalucía un total de 1.700 medidas dictadas por los tres juzgados de Menores con el fin de reeducar y reinsertar a los jóvenes delincuentes. De éstas, 500 de las medidas de ejecución son de internamiento y 1.200 de régimen abierto.

Las medidas que conllevan privación de libertad sólo son de régimen cerrado en un 5% de los casos, mientras que el resto de decisiones judiciales suponen penas de régimen semiabierto e internamiento durante el fin de semana.

Málaga cuenta en total con un centro de internamiento y ocho servicios y recursos para las medidas judiciales en medio abierto. La mayor parte de los menores que han delinquido tienen entre 16 y 17 años y los delitos más frecuentes son contra el patrimonio, la libertad y el orden público.

Andalucía tiene un total de 776 plazas distribuidas en 15 centros. De Llera tasó en 77,7 millones de euros el dinero destinado a estas políticas que son prioritarias, dijo, «para la reeducación» de estos justiciables.

El consejero también alertó ayer sobre el importante aumento de los delitos de maltrato intrafamiliar cometidos por menores en la comunidad, y abogó por la prevención y la educación para evitar este tipo de agresiones en el seno de las familias.

De este problema ya han alertado prácticamente todas las memorias judiciales existentes. De Llera mostró ayer su preocupación por este problema en la reunión con estas entidades.

«Debemos adoptar medidas preventivas tanto en los centros educativos como en las propias familias para evitar que estas situaciones lleguen a los juzgados por el drama que suponen», precisó. El consejero añadió que su departamento y los profesionales que trabajan con estos chicos van a hacer un estudio en profundidad sobre este fenómeno con el fin de adoptar las medidas más acertadas que pongan freno al número creciente de este tipo de delitos.

La génesis del comportamiento delictivo de los menores de edad estaría, según el también fiscal, en que «existe una falta de atención a estos jóvenes, y la sociedad no los está educando bien, ya que los padres a veces no saben decir no a sus hijos y no les ponen límites, lo que provoca que se conviertan primero en unos pequeños tiranos y luego en unos grandes tiranos».

Así, trasladó a los responsables de las entidades de justifica juvenil el contenido de un nuevo decreto regulador de los centros de internamiento de la Junta de Andalucía. La norma, aprobada en Consejo de Gobierno, incluye nuevos programas para la atención de las necesidades específicas de los menores infractores y el refuerzo de la cualificación de los profesionales que trabajan para la reeducación y reinserción de los mismos, «finalidad primordial de estos recursos», apuntó.

«Cuando un menor comete una infracción penal», explicó De Llera, «suele tratarse de un accidente en su vida. Tenemos que lograr que lo superen y recuperarlos para la sociedad». En este sentido, el consejero reconoció el compromiso y la buena gestión de las entidades que trabajan con la Junta en la reeducación y reinserción de los menores que cumplen una medida judicial en la región y puso de relieve su dedicación y profesionalidad. Casi 2.000 personas se dedican a esta tarea.

De Llera valoró los resultados del sistema de justicia juvenil de Andalucía, donde cerca de 9.000 menores infractores cumplen medidas judiciales en medio abierto y cerrado para su resocialización y reeducación. A su juicio, el sistema es un referente en España con unos índices de reinserción y no reincidencia de los infractores que alcanza el 80%, lo que le ha supuesto incluso un reconocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que incluso le otorgó el Premio a la Calidad de la Justicia, debido a la gestión de la Junta en esta materia.

Fuente: http://www.laopiniondemalaga.es

 

Colombia: Consumo de drogas directamente relacionado con delincuencia juvenil

El viceministro de Salud dijo que 41 % de los sujetos cometieron el delito bajo los efectos de la marihuana y 26 % lo hizo para comprar drogas. 

El viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz Gómez, afirmó que hay una evidencia internacional que muestra una clara retroalimentación entre el consumo de sustancias psicoactivas y la comisión de conductas delincuenciales.

"El estudio nacional entre adolescentes infractores de la ley penal mostró que un 63 % consumió marihuana en el último año, el 40 % pepas de alguna clase y un 30 % cocaína", indicó Ruíz en el marco de las muestras de proyectos regionales para la atención de la problemática de drogas en adolescentes en conflicto con la ley penal.

El funcionario agregó que 41 % de los sujetos cometieron el delito bajo efectos de marihuana; 27 % bajo los efectos del alcohol; y 26 % para comprar drogas.

"El Plan Nacional para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas incluye componentes de promoción de salud mental y la convivencia social y la reducción de riesgos con énfasis en la infancia y adolescencia", dijo.

Este plan fue aprobado en noviembre de 2014 por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en conjunto con el Ministerio de Justicia y otras entidades nacionales.

Por último, reafirmó que el ministerio está comprometido con la nueva visión del problema de drogas en adolescentes que impulsa el Gobierno Nacional con perspectiva de salud pública.

Fuente: http://www.elespectador.com

 

Niños del Sename contarán con Unidad de Salud Mental

Unidad Infanto Juvenil de Salud Mental del Hospital Regional de Puerto Montt fue inaugurada. La iniciativa llego a subsanar la necesidad que tenía la ciudad.

Según cifras del Sename, cerca del 20% de los menores en la institución presenta algún problema psiquiátrico. Por esta razón, el  Director del Servicio de Salud Reloncaví, Federico Venegas, describió como “una gran noticia” la creación de la nueva unidad.

Para la Seremi de Salud, que conversó con Biobío Chile, Eugenia Schnacke, señaló que esta unidad cierra una brecha de desigualdad: “La unidad más cercana de hospitalización de niños y jóvenes con problemas de salud mental agudo es en Nuevo Imperial” por ello, la importancia que se encuentre desde ahora en Puerto Montt.

Fuente. http://redloslagos.com

 

Fundación Tierra de Esperanza: Reinserción Social

Lanzamiento del Libro: "Reinserción Social", de la Fundación Tierra de Esperanza;  en el Seminario Adolescencia en Conflicto con la norma ó sociedad en conflicto con la Adolescencia.










Link de Descarga: "Reinserción Social"













Fuente: www.tdesperanza.cl

Relacionan la depresión de la madre con la delincuencia de los hijos más adelante

Los adolescentes son más propensos a fumar, beber y consumir marihuana (y hacerlo a una edad más temprana) si sus madres tenían depresión cuando los niños estaban en la escuela primaria, según un nuevo estudio.

Los mismos adolescentes también son más propensos a realizar actos violentos y otras conductas delictivas, según el estudio, publicado en línea el 22 de diciembre en la revista Pediatrics.

Los investigadores esperaban que los adolescentes cuyas madres estuvieran deprimidas en la actualidad serían los que más probabilidades tendrían de realizar conductas arriesgadas, “ya que esos niños pueden carecer tanto de la supervisión como del respaldo que uno de los padres puede ofrecer durante un momento emotivo”, afirmó el coautor del estudio, Ian Colman, profesor asociado de epidemiología en la Universidad de Ottawa, en Canadá.

“De modo que nos sorprendió ver que la depresión materna cuando el niño tenía entre 6 y 10 años realmente se asociaba de manera más firme con esas conductas arriesgadas para la salud”, comentó Colman.

Es en estos años tempranos de formación cuando los niños, que todavía necesitan el respaldo y la guía de sus padres, empiezan a sentir una mayor influencia de los otros niños, dijo Seanna Crosbie, trabajadora social y directora del programa de servicios de trauma informado del Centro de Guía del Niño en Austin, Texas.

“Es durante este periodo cuando los niños obtienen la aprobación de los padres y profesores al exhibir las competencias y las actividades que la sociedad valora”, y entonces se desarrolla un sentimiento de orgullo y de maestría de las habilidades, comentó Crosbie. “Si los niños no reciben comentarios positivos y el apoyo de su entorno, podrían desarrollar un sentimiento de baja autoestima e inferioridad”.

Un padre deprimido, dijo Crosbie, podría no ser capaz de realizar comentarios positivos a un niño sobre su conducta ni de satisfacer sus necesidades psicológicas. Y eso “probablemente lleve a que el niño realice conductas de alto riesgo a medida que llega a la adolescencia”, dijo.

Colman y sus colaboradores dieron seguimiento a más de 2,900 parejas de madres canadienses y sus hijos desde 1994, cuando los niños tenían entre 2 y 5 años de edad, hasta que los niños tenían entre 16 y 17 años.

Cada dos años, las madres rellenaron unos cuestionarios sobre sí mismas, sus parejas y el entorno social de los niños. Los niños empezaron a completar sus propios cuestionarios a partir de los 10 años de edad.

Los investigadores preguntaron a los niños qué sustancias habían tomado y si alguna vez habían robado algo, si habían tenido un arma, si la policía les había interrogado, si habían peleado con alguien, si habían roto algo intencionadamente, si habían vendido drogas, mantenido relaciones sexuales, intentado suicidarse o escapar de casa, entre otras conductas arriesgadas.

Aproximadamente el 4 por ciento de las madres de los adolescentes habían sufrido síntomas de depresión cuando los niños tenían entre 6 y 10 años.

Los hijos de esas madres tenían aproximadamente el doble de probabilidades de empezar a fumar y a consumir marihuana que los niños de madres con menos síntomas de depresión a lo largo de toda su niñez, halló el estudio.

Los adolescentes de madres que habían estado deprimidas también tenían 1.4 veces más probabilidades de empezar a beber alcohol y una probabilidad más de tres veces más alta de tomar alucinógenos.

Incluso tras tener  en cuenta el sexo y los ingresos familiares, los investigadores hallaron que estos adolescentes también tenían más probabilidades de realizar conductas delictivas violentas y no violentas que los que tenían madres que no estaban deprimidas durante el periodo medio de la infancia de sus hijos.

Pero el estudio no demuestra que la depresión materna lleve a conductas arriesgadas.

“Podríamos estar viendo una combinación de efectos genéticos y ambientales en estos resultados”, dijo Colman. “Sin embargo, aunque los efectos genéticos podrían explicar parcialmente una asociación general entre la depresión materna y la conducta arriesgada adolescente, es poco probable que expliquen la razón por la que los efectos se dan en un momento concreto”.

Y aunque este estudio no observó los efectos en la depresión de los papás, Colman dijo que probablemente la salud mental del papá también sea importante para el desarrollo saludable de un niño.

“Hay una falta real de investigación sólida sobre los efectos de la depresión paterna”, señaló. “Esto se debe en gran medida a que las madres son más propensas a responder a las encuestas sobre sus hijos y a identificarse a sí mismas como las cuidadoras principales del niño”.

Independientemente de cuál de los padres esté atravesando dificultades de salud mental, es importante que pidan ayuda, dijo Crosbie.

“Ser padre es uno de los trabajos más exigentes del mundo. Los padres tienen muchas exigencias y responsabilidades en la vida, lo que puede llevar a estresarse demasiado y a deprimirse”, indicó Crosbie.

“Por tanto, es importante que los padres busquen ayuda para ellos mismos, sobre todo si sufren síntomas de depresión, lo que incluye problemas para dormir, cambios en el apetito, sentimientos de desesperación o ideación [pensamientos] suicidas”, dijo. “Con la intervención, la depresión puede tratarse con éxito. Y buscar tratamiento es lo mejor que un padre puede hacer por la familia”.

Artículo por HealthDay, traducido por Hispanicare

FUENTES: Ian Colman, Ph.D., Canada Research Chair in Mental Health Epidemiology and associate professor, department of epidemiology and community medicine, University of Ottawa, Ontario, Canada; Seanna Crosbie, L.C.S.W., director, program and trauma-informed services, Austin Child Guidance Center, Austin, Texas; January 2015 Pediatrics

Fuente: http://canal44.com 

 

España: Andalucía. El 80% de los menores infractores no reincide

El 80 por cien de los menores que han cometido un delito no reincide. Es un dato que ponían de manifiesto ayer la delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, y la directora general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia e Interior, Carmen Belinchón, durante una visita a las instalaciones del Centro de Día de la Fundación Proyecto Don Bosco de Jaén.

  Según Gálvez hay recursos suficientes que están ofreciendo una respuesta coordinada e integral adaptada a las necesidades de estos chicos lo que está ocasionando “buenos resultados”. La delegada agregaba que se ha aumentado el número de menores que son derivados a estos centros de día, lo que implica que las infracciones no son graves.

 Tanto la delegada como la directora general valoraron de forma positiva el esfuerzo que lleva a cabo la Junta de Andalucía, los jueces y la fiscalía, así como las entidades que trabajan en materia de justicia juvenil, poniendo en marcha medidas de prevención junto a otras destinadas a reorientar las conductas o los problemas de los menores infractores.

 En este sentido, la delegada incidió en la atención personalizada que se presta a este colectivo poniendo en marcha todos los recursos que aseguren que el tiempo durante el que los menores cumplen su medida les sirva para conseguir una reinserción educativa y sociolaboral.

 Según Belinchón, además de ser responsables, el objetivo que se persigue en estos centros es intervenir con ellos en un proceso de resocialización y educación, con talleres profesionales de formación sociolaboral para que el tiempo que pasen los menores allí sea lo suficientemente importante como para que no vuelvan a delinquir.

La visita se realizó tras las obras de remodelación financiadas por la Diputación y con el objetivo de adaptarlas a los nuevos perfiles de los menores infractores.

Fuente: http://andaluciainformacion.es

 

Nota de Prensa: Argentina. Sobre Justicia de Menores

Hace un año atrás, los trabajadores judiciales nos expresamos respecto del ante Proyecto de Ley de Reforma de la Justicia de Menores, impulsada por el gobierno provincial.

Claramente indicamos su carácter regresivo y violatorio de los principios de especialidad y especificidad.

Señalamos las consecuencias negativas de la pretensión de utilizar los institutos jurídicos para los mayores en la justicia minoril.

Advertimos sobre la necesidad del abordaje diferenciado y la exigencia al Estado de las políticas específicas, para que no se tratara de una mera reforma legal y tecnicista.

No nos callamos, planteamos y forzamos a que se abriera el debate. Nuestro sindicato generó vías para poder participar en reuniones en el Colegio de Magistrados, dialogar con legisladores y con representantes de la Cámara de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías. Se desarrollaron actividades de debate, se invitaron a referentes en el tema, entre otras cosas.

La idea siempre fue clara: abrir el debate y tratar de aportar a una reforma que fuera en otro sentido, porque entendimos que sería muy perjudicial si no se asumían las consecuencias nefastas ya vividas en otras provincias.

No fue tarea fácil, el gobierno intentó subestimar y ningunear. Sin embargo, el debate se abrió y se fueron confirmando la justeza de nuestras posiciones expresadas hace un año atrás, a través del documento público que emitiéramos en diciembre de 2013.

Arduo ha sido el camino, pero otra vez se confirma que la lucha y el debate en democracia son armas fundamentales, sobre todo cuando en este caso es de los jóvenes de nuestro pueblo.

Se abre una nueva etapa, muchos actores han participado y aportado para la superación del esquema actual del ante proyecto del gobierno y se encuentran otros proyectos para estudiar.

A fin de cuentas la reforma debe ser de excelencia respetando los principios y la especialidad. Así se ha escuchado a una experta en la materia como es la Dra. Mary Beloff diciendo que la reintegración social y la justicia restaurativa son fundamentales para pensar en una verdadera Justicia Juvenil.

Saludamos a todos quienes decidieron no callar y participar en abrir tan importante discusión en un tema, que no tiene nada de menor.

Fuente: www. sinmordaza.com

Identifican tres genes vinculados a la delincuencia

Según un estudio de la Universidad de Montreal, en Canadá, tres genes podrían impulsar a los jóvenes a convertirse en delincuentes, aunque el entorno es determinante en la posibilidad de que esos genes se impongan o no.

 Esta es la principal conclusión de una investigación realizada sobre la relación entre las experiencias positivas y negativas, aunadas a la predisposición genética.

En el estudio, en el que participaron mil 337 estudiantes suecos de entre 17 y 18 años, se buscaba además determinar si la delincuencia juvenil estaba asociada a la interacción entre genes distintos.

Los participantes completaron, de forma anónima, cuestionarios sobre sus actitudes delincuentes, sus conflictos familiares, sus experiencias de abuso sexual, y sobre la calidad de sus relaciones con sus padres. También proporcionaron una muestra de saliva de la que los investigadores extrajeron el ADN para su análisis.

Se descubrió así lo siguiente. Por una parte, que una variante menos activa del gen MAOA, que codifica unas enzimas llamadas monoamino oxidasas (MAOA), puede predisponer a los hombres que han sufrido abuso físico en la infancia a conductas antisociales graves en la edad adulta. Entre las mujeres, la variante del gen MAOA tiene el mismo efecto, si estas han sufrido circunstancias adversas en su infancia.

Por otro lado, se constató que una variante del gen BDNF, que codifica el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), que a su vez modula la plasticidad neuronal (la capacidad de las células cerebrales para reorganizar sus conexiones) también está asociada al comportamiento agresivo si las personas que tienen dicha variante han interactuado con personas agresivas.

El tercer gen identificado fue el transportador de la serotonina 5-HTTLPR. Una variante de baja actividad de este gen puede hacer que las personas expuestas a la adversidad en la niñez sean más propensas a mostrar un comportamiento antisocial y agresivo, señalan los investigadores en un comunicado de la Universidad de Montreal difundido por AlphaGalileo.

La buena noticia

"Encontramos que estas tres variantes genéticas, si interactúan entre sí con conflictos familiares y abusos sexuales aumentan la probabilidad de comportamiento antisocial”. La buena noticia es que “una relación positiva entre padres e hijos disminuye el riesgo de delincuencia" a pesar de dichas variantes, afirman los autores del estudio.

Por lo tanto, todas estas variantes genéticas podían asociarse con niveles altos y bajos de delincuencia dependiendo de la exposición de los individuos a ambientes positivos o negativos.
Los resultados se suman a los de estudios previos que demuestran que los genes afectan al cerebro y al comportamiento mediante la alteración de la sensibilidad a cada entorno, concluyen los investigadores.

Los genes por sí solos no serían determinantes

El papel que juega la combinación de genética y entorno en el desarrollo de comportamientos antisociales y criminales se está estudiando desde hace años. En 2012, el psicólogo Brian Boutwell,  del College of Criminal Justice de la Sam Houston State University (SHSU) de Estados Unidos, y sus colaboradores publicaron los resultados de un estudio sobre la relación entre factores genéticos de riesgo para el comportamiento antisocial y el uso del castigo físico en los niños.

Concluyeron que ciertos factores genéticos determinarían el efecto del maltrato en el comportamiento antisocial. Más concretamente, que los niños con una predisposición genética al comportamiento antisocial parecen ser los más sensibles a las influencias negativas del castigo físico.

Por otra parte, en 2011, otro estudio realizado por investigadores de la Virginia Commonwealth University reveló que un gen particular (el CHRM2) influye en los comportamientos peligrosos que desarrollan algunos adolescentes. En este caso, también se demostró la importancia del entorno: que la atención paterna y materna (el grado de conocimiento que los padres tienen acerca de lo que sus hijos hacen) es un moderador clave del grado de influencia de las predisposiciones genéticas hacia las actitudes perniciosas, como el abuso de sustancias.

 Fuente: http://www.invdes.com.mx

Mexico: Aplazan sistema de justicia juvenil

La entrada en vigor estaba prevista para el próximo domingo; ahora será hasta junio de 2016 

 La ley tiene previsto el internamiento máximo de cinco años para menores de 16 años y de hasta siete años máximo para menores de 18 años de edad. 

 CIUDAD DE MÉXICO, 25 de diciembre.- A pesar del aumento constante del reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos criminales, el Senado y la Cámara de Diputados postergaron dos años la entrada en vigor del sistema de justicia para adolescentes, porque el mismo sistema judicial todavía no está preparado para esa transición.

De acuerdo con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, “la población menor de 18 años registra una participación cada vez mayor en actos delictivos.

“El Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) de la Procuraduría General de la República (PGR) registró que el número de menores detenidos por delitos federales aumentó de  mil 337 casos en 2009 a mil 658 casos en 2011. En tanto la tasa de mortalidad por homicidio en la población de 0 a 14 años aumentó 12.2% de 2010 a 2011, después de haber disminuido en años anteriores.

“Si se desagregan los grupos de edad, destaca la población de 10 a 14 años, en la cual hubo un incremento sostenido y considerable (del 21.5%) de 2008 a 2011, sobre todo en los menores del sexo masculino (INEGI 2008; 2009; 2010; 2011)”, precisa el documento oficial.

El sistema de justicia para adolescentes estaba previsto para entrar en vigor el próximo domingo, pero los diputados federales y senadores valoraron que es mejor que comience a operar una vez que se aplique en todo el país el Código Nacional de Procedimientos Penales y se tenga mayor avance en la transición hacia el sistema acusatorio, a fin de que los menores de edad infractores cuenten con el mismo sistema garantista que se construyó para los adultos.

El Senado avaló la minuta enviada por la Cámara de Diputados para establecer estas nuevas disposiciones y el Ejecutivo Federal lo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Pero además de los argumentos esgrimidos por los diputados federales para postergar la entrada en vigor de este sistema, Roberto Gil Zuarth y Arely Gómez, presidente y secretaria de la Comisión de Justicia del Senado, evidenciaron que “a la fecha, no se ha expedido el Reglamento de la Ley y no se han llevado a cabo las adecuaciones orgánicas necesarias para su implementación, lo que muestra que de entrar en vigor el 27 de diciembre, este ordenamiento legal tendrá diversas dificultades técnicas para ser debidamente aplicado”.

El régimen transitorio de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que se publicó en el DOF el 27 de diciembre del 2012, ordenó que el Ejecutivo federal tenía dos años para “expedir los reglamentos que se prevén en esta ley, así como realizar las adecuaciones presupuestales y orgánicas correspondientes.

“Deberá preverse también la selección y capacitación inicial y permanente de los funcionarios que integrarán el personal del sistema, así como de quienes fungirán como formadores. Para estos efectos se recurrirá a los convenios que las diversas dependencias tengan firmados con organismos rectores especializados en la protección de los derechos de los adolescentes”, ordena.

De igual forma, dispone que “las instituciones encargadas de la formación de los agentes de las policías federales deberán incluir, en un plazo que no supere el ciclo lectivo en curso al momento de entrar en vigor esta Ley, en el currículo transversal, los planes y programas de estudio de todos los niveles y modalidades en los que se imparta capacitación, una formación integral en los derechos de los adolescentes contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás ordenamientos federales aplicables”.

La Ley Federal de Justicia para Adolescentes establece las reglas para castigar a los menores de edad que cometen delitos, pero con un sistema paralelo al judicial para adultos, que se especialice en la reincorporación de los jóvenes a la vida social.

Esta nueva disposición federal busca que los padres de familia de los jóvenes delincuentes accedan a programas de orientación y apoyo, a fin de que coadyuven en la recuperación de sus hijos y permitirles una vida socialmente sana.

Prevé el internamiento máximo de cinco años para menores de 16 años y de hasta siete años máximo para menores de 18 años de edad.

Incluye 15 medidas de procedimiento, como apercibimiento, libertad asistida, prestación de servicios en favor de la comunidad, reparación del daño, limitación o prohibición de residencia, prohibición de relacionarse con determinadas personas, de asistir a determinados lugares o de conducir vehículos automotores.

También la obligación de acudir a determinas instituciones para recibir formación educativa, técnica, orientación o asesoramiento, así como para obtener trabajo y abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes y demás sustancias prohibidas; medidas de internamiento, como el domiciliario, en tiempo libre y el permanente, que sólo se aplica para que menores de 14 a 18 años que hayan cometido delitos del orden federal.

Además, crea nuevas autoridades judiciales como el Ministerio Público de la Federación para Adolescentes; Defensor Público Federal para Adolescentes; Juez de Distrito Especializado para Adolescentes; Juez de Distrito de Ejecución de Medidas para Adolescentes; Magistrado de Circuito para Adolescentes, entre otros.

Sin embargo, con la publicación del nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación se plantea que la entrada en vigor del sistema judicial para menores “no  podrá exceder del 18 de junio de 2016”.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx